COMUNICADO DEL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LEY TRANS

El Partido Feminista de España ante la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley Trans,

         MANIFIESTA

Su más absoluta condena a la decisión de la mayoría de los diputados de la Cámara dando carta de ley a las imposiciones y decisiones que contiene el redactado de la norma.

Esta legislación supone, como hemos dicho y repetido en innumerables ocasiones, abolir la realidad humana. Atrevimiento tal que no se ha dado en toda la historia. Seguramente por ello la Ministra Irene Montero se siente tan orgullosa de su hazaña. Mientras el avance científico, que ha costado miles de años de estudios e investigaciones, consiste en descubrir las leyes de la Naturaleza, que como decía Heráclito “se complace en ocultarse”.

Haber elevado a categoría de ley los disparates científicos, y del razonamiento lógico, a que ha llegado esta llamada ley trans, demuestra una degradación profunda de la política española representada en el Ministerio de Igualdad, el Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y los 188 diputados de diversos partidos que votaron a favor de ella.

Es un insulto a la inteligencia decidir que “la autodeterminación de género” consiste en que cualquier persona, y a cualquier edad, decide el sexo que quiere ostentar, y que según el texto legal se le ha “asignado” al nacer, cuando ya se ha averiguado que el sexo queda determinado desde el mismo momento de la fecundación, y es irreversible, como queda plasmado en el código genético, y las consecuencias, ya probadas, de los procedimientos que se siguen para transformar la apariencia del cuerpo humano causan innumerables problemas y sufrimientos no sólo a los implicados y las familias, sino a toda la sociedad.

Las consecuencias inmediatas son que hombres que se hacen llamar mujeres trans invaden los espacios privados femeninos: servicios higiénicos, vestidores en tiendas de ropa, en centros deportivos, y en las ligas de competiciones femeninas. Se derogan las normas de paridad y cuotas que las mujeres conquistaron, con mucho esfuerzo, en los últimos años, y que se han implantado en los partidos políticos, en las instituciones educativas, en los concursos funcionariales, y en el colmo de la monstruosidad se permite la castración y la mutilación, irreversibles, de hombres, mujeres y niños.

Así mismo se anula el derecho constitucional de la libertad de expresión, impidiendo la crítica a semejante disposición legal y se recupera el sistema de penalización propio de la dictadura, que puede imponer multas por la vía administrativa, de cuantías entre 60.000 y 120.000 euros, a quien se atreva a oponerse públicamente a semejantes disposiciones. Penaliza a psicólogos,  psiquiatras, endocrinólogos, que pretendan llevar a cabo estudios de investigación en los pacientes, así como terapias adecuadas,  ya que elimina toda intervención sanitaria, con amenazas de privarles de la licencia para ejercer. E incluso priva de la patria potestad a los padres que se nieguen a que sus hijos menores sean hormonados y o intervenidos quirúrgicamente para llevar adelante su cambio de sexo.

Las siniestras consecuencias de permitir tales atentados a la integridad corporal de las personas han sido ya comprobadas en otros países, como el Reino Unido, y las organizaciones de las víctimas arrepentidas, llamadas “detrans”, están denunciando, incluso judicialmente, a las clínicas y a los profesionales que han  practicado semejantes intervenciones, conculcando las normas éticas a que exige su código deontológico.

Sin embargo, ninguna de estas consideraciones ha sido tenida en cuenta en el largo trámite, dos años y medio, que han recorrido la elaboración del texto, la aprobación del mismo por el Consejo de Ministros, las enmiendas presentadas por algunos partidos políticos, los informes técnicos y jurídicos que se han aportado por los letrados de la Cámara, el Fiscal General del Estado, el Consejo del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad se ha negado a recibir, para escuchar sus argumentos y experiencias, tanto a los profesionales de las diversas disciplinas implicadas como a las asociaciones feministas y de familiares de los menores afectados. Obstinadamente, la Ministra Irene Montero ha llevado hasta sus últimas consecuencias el empeño de convertir en ley lo que únicamente puede ser un relato literario distópico.

Nos encontramos, pues, ante un inmediato futuro de solicitudes de menores que, en una epidemia de contagios de imitación de otros compañeros, soliciten ser considerados trans, como están denunciando ya numerosos profesores y profesionales sanitarios, con un aumento escalofriante, como el del 7.000% en los últimos años. Y a la vez, una enorme involución de los derechos y ventajas que habían conquistado las mujeres en el último siglo de reclamaciones feministas.

Estas consecuencias, absolutamente evidentes, están siendo ocultadas y minimizadas por los defensores de la norma, entre los que encontramos ilustres profesores, políticos, profesionales, que se dedican a desprestigiar despreciativamente a las feministas y tienen a su disposición el altavoz de los grandes medios de comunicación, incluidos los del servicio público.  

El Partido Feminista de España tiene que condenar rotundamente esta norma legal, así como al gobierno de España, al Ministerio de Igualdad y a los partidos que la han aprobado. Y vaticina que son de esperar múltiples procesos judiciales instados por las víctimas de “negligencias médicas” a raíz de los sufrimientos a que se condenarán a los menores sometidos a la “reasignación de sexo”,  protestas de las asociaciones de padres y madres de los niños y niñas manipulados por los predicadores de la “doctrina del género”, y por supuesto los gobiernos, tanto autonómicos como nacional, se enfrentarán a las protestas sociales continuas que el Movimiento Feminista liderará.

Madrid, 25 de diciembre 2022.   

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