COMUNICADO DEL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS-NIÑOS EN EL AÑO 2022

La Comisión Política del Partido Feminista de España,

         MANIFIESTA:

Su profunda condena a los asesinatos de mujeres y niñas-niños que se han contabilizado en este fatídico año 2022, recién concluido.

Las cifras oficiales publican 48 víctimas mortales femeninas, cifras que solamente se refieren a aquellas mujeres que se consideran víctimas de la llamada “violencia de género” que no atañe más que a las que se hallaban relacionadas sentimentalmente con el agresor. El seguimiento de otras fuentes privadas de ONG’s que investigan el tema aseguran el doble de casos de asesinatos. A este encubrimiento de los datos reales por parte de las instancias públicas, hay que añadir que la mitad de las víctimas oficiales, 24, tenían orden de alejamiento judicial, que como se ve no sirvió para protegerlas. A la vez, los niños asesinados, el último a cinco días de su nacimiento, no entran en la categoría de víctimas de  “violencia de género”, por la que merecerían las medidas de protección de la ley.  

El paripé de la señora Irene Montero de convocar un gabinete de crisis con otros ministerios ante las escandalosas cifras de asesinadas en este 2022, resulta no solo ridículo sino indignante, porque desde el Partido Feminista nos hemos cansado de enviarle informes sobre cómo la legislación vigente es inútil para limitar el número de víctimas. Así como de la desidia y la indiferencia de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de fiscales,  jueces y magistrados ante las denuncias y peticiones de protección de las víctimas. Naturalmente, a ninguna de las militantes ni dirigentes del Partido Feminista le ha sido permitida la participación como asesora del Ministerio de Igualdad.

El Partido Feminista de España lleva DIECIOCHO AÑOS denunciando la inoperancia –no sabemos si calificarla de mala fe- de la tan mentada y alabada “Ley Orgánica de Violencia de Género”, aprobada el 28 de diciembre de 2004, que tiene el récord de contar con 1.400 víctimas de asesinatos de mujeres –cifras oficiales- desde su aprobación.

El año 2005, el Partido Feminista publicó un estudio detallado de los errores, tergiversaciones y debilidades de la ley en la protección de las mujeres y la persecución de los delitos. Desde entonces, hemos publicado nuevos informes de acuerdo con los sucesos acaecidos y decenas de comunicados, artículos y propuestas de modificación de la ley que hemos hecho llegar a todos los partidos políticos del arco parlamentario, a la par que nos entrevistábamos con sus responsables, sin obtener el más mínimo resultado en nuestro empeño de lograr una legislación que sea eficaz en el freno de esta masacre.

Esta ley no sólo es inútil en el objetivo que dijeron los legisladores que se proponía, sino que además es un obstáculo insuperable para aprobar una nueva, ya que para su modificación precisa de un número sobredimensionado de votos, de manera que la convierte en una legislación inamovible si ha de obtener la mayoría cualificada del Congreso.

Esta ley es una de las pocas –no conocemos ninguna otra- que se aprobó por aclamación en el hemiciclo, con todos los parlamentarios puestos en pie aplaudiendo, de lo que estaba enormemente orgullosa la entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído. Lo que indudablemente significa que tenía que ser una mala ley. Si todos los grupos políticos la aprobaban era evidente que las necesidades y reclamaciones feministas no se cumplían. Para obtener los votos afirmativos de los diferentes grupos de derecha, que consideran el feminismo una ideología detestable, fue preciso, como se ha demostrado suficientemente, que se impusieran unas normas que protegían más a los agresores que a las víctimas.

En un escueto repaso de las carencias y errores que contiene esa ley, señalamos únicamente las más graves.

No sólo el texto legal es incompleto y mal redactado, lo que deja sin protección a un gran número de tipos de mujer, sino que ha permitido que la interpretación de los jueces no aplique las medidas de protección señaladas en él, y que incluso se reinviertan a favor de los hombres.

La primera inaceptable clasificación de la ley es que sólo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vínculo sentimental. De tal modo, todas las demás, que pueden ser la madre, la hermana, la suegra, las cuñadas, las hijas, la vecina, la compañera de trabajo, que sean agredidas por el maltratador, y por supuesto las prostitutas, apaleadas o torturadas por chulos o clientes, no son merecedoras de la protección de esta pomposa y tan publicitada Ley orgánica.

La más grave indefensión en que se encuentran las víctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisión de los delitos. Mientras el legislador se ha molestado en especificar que la violencia de género es  diferente a los demás delitos, no ha considerado que, en razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislación laboral, de tal manera que la declaración de la mujer constituya una prueba. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras el maltratador, amenazando a su mujer diariamente,  e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, sigue en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. En definitiva, sólo en estos casos se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse, en un régimen de privación de libertad, y el verdugo campe tranquilamente por sus respetos, sin amenaza alguna.

La aplicación de la ley está sesgada hacia la protección de los maltratadores.  Uno de los trucos más usados por estos es el de no acudir a la citación previa dispuesta en la ley. Si se esconden o simplemente procuran que el agente judicial no les encuentre, el caso no se tramita. Resulta casi imposible lograr que el juez adopte la determinación de dictar una orden de alejamiento in inaudita persona. Pero los procesamientos de los terroristas, como tantas condenas, se han dictado en rebeldía.

En resumen, únicamente el 38 por ciento de las denuncias concluyen en una condena QUE MUCHAS VECES NO SE CUMPLE. Y las órdenes de alejamiento, tanto previas, como las que se dictan como consecuencia de la condena, no tienen seguimiento ni protección, como se puede comprobar, desdichadamente, cada día, con los asesinatos de mujeres que disfrutaban de semejante método de protección. Un estudio de la Universidad de Barcelona afirma que únicamente el 6% de las mujeres maltratadas tiene posibilidad de ver a su maltratador en la cárcel.

En las condiciones que estamos relatando, absolutamente reales y verídicas,  resulta enormemente cínico que se realicen campañas en los medios de comunicación instando a las mujeres a denunciar y asegurando que en ese caso se las protegerá por parte de los poderes públicos.

Entre las modificaciones de la ley, es imprescindible que se ordene el ingreso en prisión de los maltratadores cuando su peligrosidad así lo aconseje, especialmente cuando incumplan la orden de alejamiento y siempre que se haya dictado sentencia de cárcel contra ellos, aun cuando esta no alcance los dos años de prisión.

Así mismo, que se dote de medios humanos y económicos a los operadores jurídicos para atender la protección de las mujeres, todas, porque todas son dignas de ella, y de los menores, abandonados a su suerte en manos de padres y padrastros maltratadores y tantas veces asesinos.  Es así mismo indispensable que se imponga la supresión judicial automática de toda comunicación del causante de la agresión a la mujer y los menores.

Y que se otorgue consideración de testigo protegido a los declarantes en las causas por maltrato a la mujer, que tantas veces no encuentra apoyo en quienes conocen su situación, por miedo a las represalias del maltratador.

Podemos pronosticar, sin miedo a error, que en caso de que no se tomen las medidas solicitadas en este informe, nuestro país seguirá contando con un número inaceptable de mujeres víctimas de la violencia machista y a las que sus instituciones no las protegen.

Madrid, 2 de enero de 2023.

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