En estos momentos de tanta incertidumbre y angustia ante las desastrosas consecuencias a que nuestro gobierno nos ha conducido en la gestión de la pandemia, la controversia sobre el papel que la izquierda tiene que cumplir y las soluciones que debería haber adoptado en la crisis es protagonista de los debates en el seno del mundo político y de los movimientos sociales.
En la ya larga disputa entre el Movimiento Feminista y los partidos políticos de izquierda se tergiversan las interpretaciones en función de lo que se pretenda defender.
Las medidas de emergencia del presidente del Gobierno Lidia Falcón: Las medidas de emergencia del presidente del Gobierno – Público El Presidente del Gobierno nos informó durante más de una hora de las medidas de seguridad y económicas que se van a adoptar para protegernos del corona virus y de la bancarrota. Medidas que en…
Con motivo de la crítica que desde el Partido Feminista hemos realizado al proyecto de Ley Trans, Izquierda Unida ha decidido expulsarnos de la coalición. Pero decir IU en su totalidad no es exacto. En la Asamblea PyS donde se aprobó tal decisión sólo votaron a favor 35 de los asistentes, mientras 6 más votaron en contra. Y sobre todo, que interrogados los miembros presentes sobre si conocían la Ley de Transexualidad únicamente se levantaron 4 manos.
Los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo se ha celebrado el III Congreso del Partido Feminista de España. Teníamos el encargo de presentar el Informe de Gestión ante los militantes y simpatizantes, cuya participación y trabajo ha permitido que el Partido haya crecido exponencialmente en estos últimos cuatro años y medio y se haya asentado como formación política feminista.
III Congreso del Partido Feminista de España
Este III Congreso tiene varios desafíos que afrontar y decisiones que tomar. Nos encontramos en España –y en varios otros países de Europa y América- en un momento social y político de cambios que pueden ser muy preocupantes para el futuro de nuestras sociedades. Las desigualdades económicas que ha provocado el imperio del Capitalismo neoliberal han hundido a amplias masas trabajadoras en la pobreza que creían haber superado en los años del bienestar.
La soberanía de España y la autoridad e independencia de nuestro gobierno elegido por la ciudadanía son una ficción.
Marruecos, siguiendo imperturbable su propósito de anexionarse definitivamente el Sáhara, ha aprobado en su Cámara de Representantes -esa ficción de democracia que pretende encubrir la dictadura de la monarquía alauita- que sus aguas territoriales incluyen las del Sáhara e incluso las de las islas Canarias. Y en nuestro país apenas se ha movido una ceja de los ilustres gobernantes de izquierdas.
El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género
Cuando en este luctuoso comienzo del año 2020 contamos ya con 8 asesinadas por la violencia machista, observo que la reforma de la Ley de Violencia de 2004 no entra en los primeros propósitos del nuevo gobierno de izquierdas. Desde que hace más de tres años se comenzaron los trabajos parlamentarios de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos parlamentarios de aquel momento, aconsejaron 90 expertos en sesiones que duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200 artículos,
Drag Queer – La teoría queer rechaza el sentido común de plano a cambio de una visión posmoderna asociada a lo extraño. Uno de los debates más comprometidos dentro de los círculos académicos feministas gira en torno a la llamada teoría queer. Esta teoría, cada vez más extendida y defendida socialmente, ha influido de manera importante a favor de la aplicación de las denominadas leyes de identidad. Las leyes de identidad, promovidas por sectores pertenecientes al movimiento LGTBI y apoyadas por los considerados partidos progresistas, intentan garantizar, a través del marco jurídico, el derecho de cualquier persona a (re) asignarse un género o sexo distinto al impuesto al nacer. Con esta medida se pretende proteger a personas o colectivos vulnerables que puedan sufrir discriminación por su condición sexual o identitaria en relación al género, especialmente en personas transexuales y transgénero.
