Tesis La mercantilización del cuerpo de la mujer
El trabajo reproductivo, esencial para la continuidad de la sociedad, ha sido históricamente invisibilizado. Como señala el Partido Feminista de España, las mujeres han sido relegadas a un papel de proveedoras de fuerza laboral a través de la maternidad, una labor que sigue siendo gratuita y desvalorizada. En el contexto actual, las técnicas de reproducción asistida perpetúan esta dinámica, presentando la maternidad como una opción de mercado y relegando a las mujeres al rol de proveedoras de «material biológico» o gestantes por encargo.
La idealización de la maternidad como un acto de amor o una misión divina no solo ignora el desgaste físico y emocional que conlleva, sino que también sirve como coartada para justificar su explotación.
Desde que en 1978 naciera Louise Brown, la primera bebé probeta, las técnicas de reproducción asistida han evolucionado para ofrecer soluciones a problemas de infertilidad que afectan a una de cada seis personas en el mundo, según la OMS. Sin embargo, detrás de estas soluciones científicas se oculta una maquinaria económica que explota las desigualdades sociales y convierte la capacidad reproductiva en un recurso más. Bajo el disfraz de la generosidad y el altruismo, se pide a las mujeres que pongan su cuerpo al servicio de terceros, ignorando el impacto físico, psicológico y social que esto conlleva.
El informe de la OMS que destaca la infertilidad como un problema de salud pública ha sido utilizado para justificar la expansión de la industria de la fertilidad. En España, donde la maternidad se retrasa cada vez más debido a las exigencias laborales y sociales, el mercado ofrece soluciones como la congelación de óvulos, presentada como una forma de «libertad» para las mujeres. Sin embargo, este argumento omite el trasfondo económico: el coste del procedimiento, los riesgos hormonales y la dependencia posterior de estas mismas clínicas para utilizar los óvulos almacenados.
En España está permitida la “donación” de óvulos, pero esta debe ser anónima y altruista, sin embargo, se realizan pagos encubiertos como compensación por posibles gastos ocasionados. Pagos en torno a unos 1.000€ – 1.200€ por cada extracción de óvulos. Pero no ocurre así en todos los países, existiendo legislación diferente, incluido dentro de la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, está prohibida la donación de óvulos por considerarla una forma de explotación reproductiva hacia la mujer, en Francia es tan baja la compensación que reciben las mujeres que donan sus óvulos, que casi nadie lo hace, en Suecia y Dinamarca solamente se pueden donar lo óvulos sobrantes de un tratamiento de fertilidad, ya que el tratamiento al que se tienen que someter las donantes se considera un proceso peligroso para la mujer. Noruega lo considera contrario al interés superior del menor. Un tercio de los óvulos donados en España se destinan a mujeres que residen en el extranjero. De ahí que se hable de turismo reproductivo.
Las donantes se someten a tratamientos hormonales agresivos que implican riesgos como el síndrome de hiperestimulación ovárica. Aunque las agencias y clínicas aseguran que los efectos secundarios son mínimos, la falta de estudios a largo plazo sobre las consecuencias de estas prácticas pone en duda estas afirmaciones. Además, el consentimiento informado que se exige a las donantes carece de validez si no se les proporciona información completa sobre los posibles riesgos.
Otra de las técnicas en crecimiento, a pesar de no ser legal dentro de nuestras fronteras, es la “gestación subrogada”, eufemismo para evitar utilizar el término “vientre de alquiler”. Esta técnica no está permitida en España, siendo considerada nula de pleno de derecho en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, y calificada como una forma de violencia contra la mujer en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, incluyendo en su articulado la necesidad de tomar medidas para su prevención, así como la prohibición de su promoción comercial y de las campañas de publicidad. Sin embargo, cada vez más parejas o mujeres y hombres solteros recurren a países donde estas prácticas están permitidas o cuentan con legislaciones más laxas, En estos lugares, las mujeres gestantes, en su mayoría con bajos recursos económicos, firman contratos que las despojan de cualquier autonomía sobre su cuerpo y el proceso de gestación. Algunos de estos contratos incluyen cláusulas que prohíben a las mujeres gestantes establecer contacto con el recién nacido o tomar decisiones sobre su embarazo, reduciéndolas a contenedores cuyo único propósito es cumplir los deseos de los compradores.
El negocio de la reproducción asistida no se limita a satisfacer deseos individuales. Las cifras son claras: este mercado genera miles de millones de euros anuales y opera en un contexto de desigualdades globales que permiten a los países ricos explotar los cuerpos de mujeres en regiones más pobres. Las agencias que facilitan estos procesos actúan como intermediarias, cobrando sumas exorbitantes mientras ofrecen una mínima parte de los beneficios a las gestantes.
Además, estas agencias han sofisticado sus estrategias comerciales, ofreciendo «paquetes» que garantizan la repetición del proceso en caso de fracaso o incluso descuentos en eventos como el Black Friday. Esta banalización del proceso reproductivo subraya el grado de deshumanización al que hemos llegado.
Si bien es comprensible el deseo de ser madre o padre, este no puede anteponerse a los derechos y la dignidad de las mujeres que, directa o indirectamente, son explotadas para satisfacerlo. Es fundamental repensar estas prácticas y cuestionar el papel que juega la ciencia cuando se convierte en herramienta de mercado.
El mercado reproductivo disfraza prácticas de explotación bajo el paraguas del altruismo y el derecho a cumplir los deseos de ser padre o madres, aprovechándose de mujeres en situaciones de precariedad económica. Es crucial visibilizar estas realidades, cuestionar el discurso que normaliza estas prácticas y priorizar los derechos y la dignidad de las mujeres por encima de los intereses comerciales.
¿Es aceptable mercantilizar la capacidad reproductiva de las mujeres? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad y los límites que estamos dispuestos a cruzar en nombre del progreso científico?
Riesgo severo de explotación sexual y abuso infantil mediante vientres de alquiler
El uso criminal de los vientres de alquiler como vía de captación de víctimas para obtener material de explotación sexual infantil refuerza la necesidad de una prohibición internacional de esta práctica. Lejos de ser una mera transacción reproductiva, esta modalidad representa una forma extrema de cosificación que vulnera la integridad de las mujeres y pone en riesgo la protección de los niños. La opacidad de estos acuerdos facilita la trata de personas, el tráfico de menores y la producción de contenido pedófilo. Por ello, debe considerarse no solo una violación de los derechos reproductivos sino también un mecanismo que habilita formas graves de explotación sexual y abuso infantil, lo que exige una respuesta jurídica y ética contundente a nivel global.
Prohibición internacional de la explotación reproductiva y la mercantilización de la maternidad
Se visibilizan casos en los que personas con alto poder adquisitivo han tenido 20 o más hijos en un solo año mediante gestación subrogada en diferentes países, sin supervisión sobre su crianza, entorno ni finalidad. Estas prácticas revelan una lógica mercantil y acumulativa en la compra de bebés, se debe incluir esta modalidad en formas de tráfico de menores. Son una manifestación extrema de la explotación reproductiva y exigir una prohibición absoluta e internacional de la mal llamada “gestación subrogada”, sin excepción.
Prohibición de la inscripción en España de filiación de nacimientos obtenidos mediante vientres de alquiler
Los niños nacidos mediante prácticas de explotación reproductiva sean inmediatamente puestos bajo la tutela estatal, con el fin de garantizar su protección y acceso a un entorno familiar seguro a través del sistema de adopción legal.
Prohibir y perseguir todas las actividades relacionadas con este negocio en sus múltiples dimensiones: desde la asesoría jurídica y las clínicas de reproducción asistida hasta las agencias de viajes, los hoteles, la publicidad y los medios de comunicación que promueven o legitiman una práctica que reproduce relaciones de explotación y desigualdad, especialmente hacia las mujeres en situación de vulnerabilidad económica.
5 de abril de 2025