'Ser mujer no es un sentimiento': la crítica que no se atrevió a nombrar a Lidia Falcón

El pasado 20 de junio tuvimos la oportunidad de asistir al estreno del nuevo documental Ser mujer no es un sentimiento, dirigido por la periodista y escritora Nuria Coronado Sopeña y producido por Ágora News. Se trata de una obra autofinanciada mediante una campaña de crowdfunding en la que, desde una perspectiva feminista rigurosamente documentada, se exponen y critican la gravedad y los perjuicios del actual sistema de transición de género y hormonación de menores. A lo largo del metraje intervienen personas de muy diversa índole vinculadas a esta problemática: madres, abogados, mujeres que fueron inducidas por psicólogos a transicionar durante su infancia y diversas figuras del feminismo, que aportan su visión o relatan sus vivencias personales, algunas de ellas auténticamente trágicas.

Lejos de analizar la producción técnica y el resultado audiovisual -para lo que no estoy cualificada-, sí quiero señalar que me chocaron ciertos elementos que, a mi juicio, resultan bastante patriarcales. Me refiero, en concreto, a las imágenes intercaladas entre los testimonios de chicas jóvenes, guapas y normativas, que considero ajenas por completo a lo denunciado y que, además, no venían a cuento.

No pretendo menospreciar el ingente trabajo que Nuria Coronado ha realizado con toda su ilusión; de hecho, me cae sinceramente bien y me parece una mujer honesta y humilde que saca adelante su proyecto de la forma más loable posible, a pesar de la cancelación a la que ha sido sometida. Sin embargo, sí debo decir que la elección de algunos de los protagonistas del vídeo no me ha parecido, en absoluto, acertada.

Pasemos a los hechos: el núcleo del problema es la denominada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI (conocida popularmente como Ley trans), aprobada el 16 de febrero de 2023. En 2020, al inicio de la XIV Legislatura, formada por PSOE y Unidas Podemos, el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de Irene Montero, presentó esta propuesta como condición inexcusable para sellar el pacto de gobierno entre ambas fuerzas. Sectores internos del PSOE se mostraron bastante reticentes. La vicepresidenta Carmen Calvo llegó a emitir un comunicado en el que afirmaba textualmente: «El denominado «derecho a la libre determinación de la identidad sexual» o «derecho a la autodeterminación sexual» carece de racionalidad jurídica». A raíz de estas declaraciones, perdió la vicepresidencia y fue relegada a la secretaría del área de Igualdad.

En definitiva, merced al intenso bombardeo mediático en favor de la ley, a la supuesta urgencia de sus necesidades y al presunto sufrimiento de las personas trans, la ley salió adelante. Con ella se instauró la autodeterminación de género para menores sin exigir informe previo alguno sobre disforia ni tratamiento hormonal. Aun así, los tratamientos hormonales en menores se han disparado, incrementando los casos en más de un 7000 %.

Lidia Falcón O’Neill, a través del Partido Feminista de España, fue, junto a Carmen Calvo, la cabeza más visible de la oposición. En su intento de acceder al Congreso para exponer argumentadamente las consecuencias de esta ley para las mujeres como sujeto político, Falcón se vio obligada a recurrir a vías inusuales, pues desde la izquierda no lograba que nadie le brindara un espacio para ejercer su libertad de expresión. Finalmente, la única opción que le quedó para hacer oír su voz fue sumarse a la mesa de debate organizada por Vox y Hazte Oír. Esta decisión fue malinterpretada por los sectores feministas radicales y por la supuesta izquierda, que acusaron al PFE de derechista y de pactar con la ultraderecha, llegando incluso a tildar a Lidia Falcón de fascista. Resulta inaudito que se diga algo así de quien ha sufrido en carne propia la represión franquista precisamente por su militancia comunista marxista-leninista; una feminista de primer rango (si no la única) que tuvo que soportar todo tipo de improperios porque nadie quiso atender las razones que la llevaron a participar en aquel debate: UTILIZAR el altavoz que esos partidos tan deleznables le prestaban para denunciar sin cortapisas los motivos de su oposición a la ley, algo que los grupos supuestamente de izquierdas, tan democráticos y tan defensores de la libertad de expresión -como Podemos, PSOE y otros- nunca le permitieron. No es casualidad que, si se busca «Ley trans» en Wikipedia, la primera fotografía que aparece en el apartado de reacciones contrarias sea la de Lidia Falcón. Por algo será.

Aquí reside mi crítica al documental. Para sorpresa de nadie, la representante elegida para encarnar a los sectores feministas mal llamados transexcluyentes fue Ángeles Álvarez, conocida diputada del PSOE en el momento de la aprobación de la ley. Parece ser que invitar a Lidia Falcón era demasiado. Ella es una de las cabezas permanentemente cercenadas, tanto por el transgenerismo -que ya la ha llevado dos veces a los tribunales- como por esos grupos de políticos y supuestas feministas que, al escuchar las dolorosas verdades que suelta sin ambages, se han olvidado de que gozan de muchos de los derechos que hoy disfrutan gracias a su lucha, y la han condenado al más absoluto ostracismo. Muchas no entendemos por qué.

Feministas que se escandalizaron de que Falcón saltara al tablero de la ultraderecha para poder oponerse a esta Ley repiten como loros enjaulados los mismos eslóganes que leen en redes y escuchan en ciertos pódcast, donde se ha difundido una campaña difamatoria que ha conseguido, con mucho más éxito que la propia ultraderecha, apartarla por completo de cualquier foro.

Al parecer, es preferible escuchar a Ángeles Álvarez, cuyo partido, el PSOE, votó a favor y sacó adelante, junto a Unidas Podemos, la ley de la que ahora nos lamentamos; la misma formación que ha encarcelado a violadores autoidentificados en prisiones de mujeres, que ha hormonado a niñas de doce años que quedarán marcadas de por vida y que está diluyendo al sujeto político mujer de toda reivindicación social. Y escuchamos a Álvarez quejarse: «Qué mal, qué mal está todo», pero sin practicar la más mínima autocrítica, ni hacia ella misma ni hacia su partido, que es el mismo que impulsó, votó y rubricó esta ley; el mismo al que, repito, sigue perteneciendo sin haber hecho NADA por impedir su aprobación. Si yo hubiera estado en el PSOE en aquel momento, lo mínimo que habría hecho es dimitir y marcharme. Que ninguna socialista lo haya hecho solo cabe atribuirlo, me temo, a la comodidad que proporciona un cargo bien remunerado: seguridad laboral, un sueldo desahogado, un horario razonable y unas cotizaciones magníficas que garantizan una jubilación dorada. Difícilmente se renuncia a todo eso por una cuestión de principios, porque ser coherente con los propios ideales, en la vida real, te lleva directamente a la cola del paro y, en consecuencia, a engrosar las filas de las personas vulnerables; o, con mucha suerte, a acceder a trabajos precarios, como los que desempeña la inmensa mayoría de las mujeres.

Y así nos va, y poco nos pasa.

Cristina Vallejo

Miembra Comisión Política PFE