Elecciones Municipales y Autonómicas
Programa Madrid "Feminista y Solidario"

• Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.

• Extender a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria feminista.

• Formación especializada feminista a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan periódicamente datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de agresores en prisión, para que se conozca la verdadera realidad de los procesos de violencia, y para combatir la sensación de impunidad que sienten las víctimas.

• Proceder a la formación feminista del personal judicial, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo, e igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas, que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo.

• Programas específicos de prevención de la violencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos, dentro del horario lectivo.

• Exigir especialización en materia de violencia machista y estabilidad en el empleo a las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para impedir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.

• Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de menores.

• Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio–alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección dictada por el Juzgado.

• Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.

• Negar los permisos municipales para abrir locales, sea cuales sea, donde se ejerza la prostitución.

• Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.

• Derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid, que es idéntica a la aprobada en el Congreso y Senado en febrero de 2023, y remitirse a la ley en vigor de 2007, con las enmiendas necesarias para que no se permita a los menores proceder a hormonaciones y cirugías mutiladoras de reconversión de sexo.

• Aumentar el gasto sanitario público hasta el nivel de la media europea (España invierte el 5,8% del PIB frente al 7,2% UE).

• Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de personas discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, incluidas las institucionalizadas.

• Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).

• Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Separar de los Departamentos de Ginecología y obstetricia al personal sanitario que alegue la objeción de conciencia para no practicar abortos en la sanidad pública. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.

• Atender, desde las necesidades de la mujer, el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual.

• Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos.

• Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.

• Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia machista. Reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres.

• Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación feminista, que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.

• Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación Feminista.

• Plan obligatorio sobre feminismo entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.

• Cobertura de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.

Desde 2006 en que se aprobó la ley, el número de personas de atención a la dependencia ha menguado, de tal modo que miles de personas con necesidad de atención completa no tienen plaza en instituciones adecuadas. Las personas con dependencia moderada, que debían ser atendidas desde 2012, han sido excluidas.

• Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente tienen esperas de más de 1 año.
• Que la paguita a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria actual (41,5%), porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia.
• Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

• En su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos.

• Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.

• Eliminar la pobreza y la exclusión social destinando fondos suficientes para atender las necesidades básicas de las personas: comida, vivienda, fuentes de energía, higiene, atención sanitaria.

• Intervención del suministro de electricidad y gas.