Elecciones Municipales y Autonómicas
Programa Madrid "Feminista y Solidario"
Programa Madrid Feminista y Solidario del PFE 28 mayo 2023
El próximo 28 de mayo de 2023, se elegirán más de 67.000 cargos de 8.111 ayuntamientos, 7 cabildos, 3 consejos insulares y 3 diputaciones forales. A la vez se votarán a 866 diputadas y diputados de 13 comunidades autónomas. Estas elecciones pueden ser clave para que la ciudadanía escoja un modelo de gobernación, municipal y autonómica, que defienda el derecho de las personas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, y las ayudas económicas a los más desfavorecidos desde la atención pública, derogando el modelo de privatizaciones y apoyo a las clases más adineradas en perjuicio de las clases trabajadoras, que se ha implantado en nuestro país en los últimos años.
En la sanidad pública se han eliminado, ambulatorios, plazas en los hospitales, con el despido o la no contratación de miles de profesionales, que han tenido que declararse en huelga, las residencias de mayores han almacenado a los ancianos y a los enfermos dejándolos morir sin asistencia ni traslado hospitalario, cientos de familias están reclamando justicia en los tribunales por estos crímenes. Se han eliminado jardines de infancia, centros de acogida de mujeres maltratadas, de menores, de personas con discapacidad. Han aumentado los desahucios de viviendas, y la lacra de la violencia contra las mujeres ha aumentado, sin que ni el gobierno de la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento hayan aprobado planes y destinado los fondos necesarios para remediar tales males.
Estas condiciones sociales que estamos padeciendo, por todas y todos conocidas, pueden ser modificadas sustancialmente a favor de las mujeres y los trabajadores con nuestro voto. Las Comunidades Autónomas gestionan el 36% del gasto público en España, en particular la sanidad, la educación y los servicios. Los Ayuntamientos gestionan el 13% del gasto público, y tienen el 95% de los cargos de elección directa, lo que significa que vienen a suplir las carencias en estos servicios que padecen las Comunidades.
Programa Madrid Feminista y Solidario del PFE 28 mayo 2023
ELECCIONES LOCALES
Políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres.
Servicios de educación infantil de 0 a 3 años; comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres, también accesibles para las madres que se dedican al trabajo doméstico.
Servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos en los centros de atención a la dependencia.
Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Selección de candidatas y candidatos por capacidad y mérito en igualdad de condiciones. Paridad en el reparto post electoral de cargos: alcaldías, juntas de gobierno, concejalías delegadas y direcciones de servicios.
Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.
Presupuestos participativos con perspectiva feminista.
Comisión de la Mujer de la FEMP que impulse las políticas locales de igualdad y las represente en la Conferencia Sectorial de Igualdad, junto al Estado y las CCAA.
Aplicar la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local de 2006.
Concejalía de Igualdad de la Mujer, Agentes de Igualdad, y Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.
Promoción transversal de la igualdad en su política de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales.
Fomentar el deporte no competitivo y la actividad física en jóvenes, adultos y ancianos, con especial incidencia en las mujeres.
Desde 2006 en que se aprobó la Ley, el número de personas de atención a la dependencia se han visto reducido drásticamente por la política de reducir el número de profesionales a fin de adelgazar la sanidad pública y los servicios sociales y traspasar a los pacientes a la sanidad privada. Han convertido en requisito imprescindible la solicitud de la dependencia para resolver expedientes de ayuda a domicilio y plazas en residencias, de tal modo que miles de personas con necesidad de atención completa no tienen plaza en instituciones adecuadas ni ayudas a domicilio.
Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente tienen esperas de más de 1 año.
Creación de escuelas municipales de parvulario y primera enseñanza, para compensar la carencia y malas condiciones de la educación pública dependiente de la Comunidad de Madrid.
Creación de centros deportivos para niños y para mayores en los barrios que están sufriendo una evidente carencia de estos servicios donde se han destruido los antiguos sin edificar los nuevos. Renovar y reparar los viejos que se encuentran deteriorados.
Creación y reparación de centros sociales y centros de días para mayores, con cursos de diversas disciplinas que permitan a la ciudadanía aumentar su formación y lograr trabajos remunerados.
Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio de la Comunidad.
Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.
Como dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las administraciones públicas han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad y marginando la vivienda en alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la ley de arrendamientos urbanos, las hipotecas a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de control y restricción del crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda.
Es imprescindible realizar una oferta plural de vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales y a la emancipación de los jóvenes, en alquiler, y con derecho a compra, a precios justos, asequibles para los trabajadores.
Eliminar barreras arquitectónicas: cumplir la Ley 51/2003 de accesibilidad de las personas con discapacidad.
Ordenar la ciudad para los peatones, en su mayoría mujeres; mezclar los usos urbanos, apoyando la diversificación de actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases; fomento de los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social; mejora del sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados y abiertos.
Servicios de proximidad y centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral.
Gestión pública, participativa, con perspectiva feminista y criterios de sostenibilidad del agua y el abastecimiento de alimentos, el territorio y el patrimonio, preservando los bienes públicos: la limpieza viaria, el transporte.
Aumento de las fuerzas de la policía municipal, a fin de que no solamente impongan multas a los vehículos y ciudadanos, sino también sean un servicio de vigilancia y ayuda a todas las personas en situación de peligro por agresiones o accidentes.
Realizar una auditoría pública de los servicios de recogida y destrucción de residuos y basuras, para controlar las empresas privadas que realizan estas tareas, a fin de conocer las condiciones económicas y laborales existentes, renovando contratos si es preciso mediante licitación pública.
Creación y mantenimiento de jardines de infancia públicos para niños y niñas de 0 a 3 años de los que puedan servirse tanto las madres que trabajen fuera de su casa como las que se dediquen al trabajo doméstico.
Programa Madrid Feminista y Solidario del PFE 28 mayo 2023
ELECCIONES AUTONÓMICAS
Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.
Extender a todo el profesorado de preescolar, colegios e institutos la formación obligatoria feminista.
Formación especializada feminista a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas. Que los medios de comunicación públicos difundan periódicamente datos estadísticos de las sentencias condenatorias y de agresores en prisión, para que se conozca la verdadera realidad de los procesos de violencia, y para combatir la sensación de impunidad que sienten las víctimas.
Proceder a la formación feminista del personal judicial, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo, e igualmente para exigir el máximo rigor en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas, que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo.
Programas específicos de prevención de la violencia machista desde la infancia y en todos los grados educativos, dentro del horario lectivo.
Exigir especialización en materia de violencia machista y estabilidad en el empleo a las/os profesionales de los equipos multidisciplinares de valoración. Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para impedir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.
Reversión de los cierres de Puntos de Encuentro Familiar, ante la escandalosa espera para hacer efectivos los regímenes de visitas y el correcto desarrollo de los encuentros paternofiliales de menores.
Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio–alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección dictada por el Juzgado.
Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.
Negar los permisos municipales para abrir locales, sea cuales sea, donde se ejerza la prostitución.
Realizar campañas denunciando la extrema violencia que sufren las prostitutas por parte de proxenetas, chulos y clientes y abogar por la abolición de la prostitución.
Derogar la ley trans de la Comunidad de Madrid, que es idéntica a la aprobada en el Congreso y Senado en febrero de 2023, y remitirse a la ley en vigor de 2007, con las enmiendas necesarias para que no se permita a los menores proceder a hormonaciones y cirugías mutiladoras de reconversión de sexo.
Aumentar el gasto sanitario público hasta el nivel de la media europea (España invierte el 5,8% del PIB frente al 7,2% UE).
Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de personas discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, incluidas las institucionalizadas.
Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).
Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Separar de los Departamentos de Ginecología y obstetricia al personal sanitario que alegue la objeción de conciencia para no practicar abortos en la sanidad pública. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.
- Atender, desde las necesidades de la mujer, el aumento del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual.
Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos.
Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.
Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia machista. Reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres.
Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación feminista, que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.
Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación Feminista.
Plan obligatorio sobre feminismo entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.
Cobertura de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.
Desde 2006 en que se aprobó la ley, el número de personas de atención a la dependencia ha menguado, de tal modo que miles de personas con necesidad de atención completa no tienen plaza en instituciones adecuadas. Las personas con dependencia moderada, que debían ser atendidas desde 2012, han sido excluidas.
- Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente tienen esperas de más de 1 año.
- Que la paguita a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria actual (41,5%), porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia.
- Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
En su propia política de personal, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos.
Políticas igualitarias entre hombres y mujeres de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.
Eliminar la pobreza y la exclusión social destinando fondos suficientes para atender las necesidades básicas de las personas: comida, vivienda, fuentes de energía, higiene, atención sanitaria.
Intervención del suministro de electricidad y gas.
Programa Madrid Feminista y Solidario del PFE 28 mayo 2023
