Proclamar la III República Federal, para que se constituya la estructura de Estado que de satisfacción a la diversidad que constituyen los pueblos de España, y mantenga la solidaridad entre todos ellos.

Anular los acuerdos con la Iglesia Católica.

Salir de la OTAN y anular los convenios con EEUU sobre las bases militares.

Nacionalizar la banca que ha provocado la crisis económica con sus espúreas actuaciones, muchas de ellas delictivas, pero a la que se están entregando la mayor parte de los recursos económicos del país.

Renegociar las condiciones de nuestra participación en la Unión Europea, así como la deuda pública, realizando una auditoría que explique qué parte de la deuda corresponde a maniobras delictivas y proceder a una quita y espera de la misma.

Reformar la legislación fiscal procediendo a un reparto justo de las cargas fiscales, así como perseguir eficazmente el fraude fiscal para que las grandes fortunas y las multinacionales sean las que contribuyan en la mayor parte de los recursos del Estado.  Plantear seriamente en Europa acabar con los paraísos fiscales.

Oponerse a la aprobación de los Tratados de Libre Comercio Transatlántico y Transpacífico que se están negociando, en secreto, entre EEUU y Europa, y EEUU y los países asiáticos, y que constituyen la más flagrante sumisión de los gobiernos al poder de las empresas privadas transnacionales.

Modificar las leyes laborales actuales para devolver a las trabajadoras y los trabajadores los derechos que se les han arrebatado, con medidas para que se aumenten los contratos indefinidos y se disminuyan los contratos a tiempo parcial y eventuales. Prohibir las empresas de intermediación de contratación laboral. Aumentar el salario mínimo interprofesional.

Que el subsidio de paro cubra a todos los desempleados y desempleadas mientras no puedan encontrar empleo.

Derivar los recursos destinados a la compra de armamento a atender las necesidades sociales.

Adoptar todas las medidas necesarias para que se cumpla a rajatabla la ley que exige la igualdad de salario entre mujeres y hombres.

Instaurar permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción entre hombres y mujeres  y pagados al 100%.

Aumentar y recrear la red de servicios públicos, en todos los sectores: educación, sanidad, guarderías infantiles, centros geriátricos, transporte, vivienda, comedores colectivos, que será fundamental para ampliar el empleo femenino y que permitan a los familiares, mujeres y hombres, compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo asalariado durante todo el año.

Constituir una red suficiente y adecuada de servicios sociales públicos, centros de día y residencias, para el cuidado de menores, mayores y personas con diversidad funcional en situación de dependencia.

Destinar los recursos económicos y humanos suficientes para que la sanidad sea pública y universal y atienda a todas las personas que vivan en el territorio español, sin discriminación alguna.

Ampliar la cobertura sanitaria a todas las necesidades humanas: salud bucal, oftalmológica, cirugía reconstructiva, cambio de sexo.

Implantar programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres por la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia machista, la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas.

Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias.

Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Garantizar el acceso igualitario de mujeres lesbianas y solas a los tratamientos de fertilidad e inseminación artificial en la sanidad pública. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a los horarios de las trabajadoras. Detectar, atender y denunciar la violencia contra la mujer durante el embarazo y el puerperio. Universalizar el permiso pagado por maternidad de 16 semanas (Convenio 183 OIT).

Garantizar la cobertura por la sanidad pública –hospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Evaluar la atención, pública o privada, a la menopausia, la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.

Disponer de personal de enfermería y medicina en Atención Primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.

Crear una estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia machista. Proceder al reforzamiento de los servicios de salud mental a las mujeres.

Educación laica, pública, universal y obligatoria.

Proceder a implantar seriamente la coeducación entre niñas y niños, con programas específicos. Prohibir las escuelas segregadas por sexos.

Formar al profesorado en la comprensión, conocimiento y aplicación de una auténtica enseñanza republicana, laica, igualitaria entre sexos y etnias que repudie el machismo, el racismo, la homofobia y la lesbofobia.

Reformar la educación y la investigación científica para que sean protagonistas de la producción española, centrada hoy en los sectores de la construcción y el turismo, con la pobreza que tal situación supone.

Plan obligatorio sobre la igualdad entre hombres y mujeres contra la violencia machista en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.

Cobertura de la demanda y accesibilidad económica de la educación infantil pública, especialmente de 0 a 3 años, que actualmente sólo cubre al 44%.

Exigir una revisión a fondo de los diccionarios, libros de texto y manuales universitarios ya que existen en ellos una enorme cantidad de definiciones de términos que denotan una flagrante visión androcéntrica y machista.

Instaurar la enseñanza del feminismo como historia de las luchas de las mujeres y como filosofía social en todos los grados del sistema educativo.

Formar al profesorado en la comprensión, conocimiento y aplicación de lo que es el feminismo.

Mantener y potenciar la investigación feminista y la formación en feminismo de quienes evalúan los proyectos.

Reformar la Justicia española para que realmente pueda ser eficaz y justa, eliminando el clasismo, el racismo y el machismo hoy dominantes.

Dotar de recursos suficientes, humanos y económicos, a la justicia para que realmente pueda cumplir su misión de tutelar eficazmente los derechos e intereses de la ciudadanía, en el tiempo adecuado y con los medios necesarios.

Modificar la legislación y dotar de recursos a la justicia para erradicar la violencia contra la mujer. Penalizar toda clase de violencia contra la mujer no solo física y psíquica, también sexual, laboral, económica, social, cultural, obstétrica.

Modificar la legislación contra la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, de modo que sea eficaz en la represión de esos delitos, hoy completamente inoperante.

Introducir en la legislación penal el delito de apología de la violencia machista, equiparándolo a la apología del terrorismo, y de la denigración de las mujeres y el odio sexista.

Perseguir eficazmente el acoso sexual y el trato despectivo y agresivo hacia las mujeres. Controlar la publicidad en todos los medios para que no sea denigratoria de las mujeres.

Dotar de medios y formación adecuada a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, jueces y personal de la Administración de Justicia, médicos forenses, asistentes y trabajadoras sociales, psicólogas, para que puedan cumplir el mandato constitucional y legal de proteger a las víctimas, perseguir a los agresores y condenarlos de acuerdo a sus delitos.

Hacer cumplir las penas de prisión a los condenados por violencia contra la mujer y las niñas, aunque sean inferiores a dos años, y dictar las órdenes de alejamiento y protección contra los asesinos y maltratadores, para que las mujeres perseguidas no sean almacenadas en las casas de acogida, de tal modo que las víctimas son encerradas y los victimarios están en libertad.

Perseguir eficazmente el tráfico de armas, el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes.

Reformar las cárceles para que no sean la proscripción de los pobres.

Modificar la legislación civil para que la custodia compartida de las hijas e hijos menores sólo se pueda acordar cuando exista acuerdo entre progenitores y se den todas las condiciones adecuadas para ello; mejorar el fondo de garantía de pensiones.

Que la Ley de Corresponsabilidad Parental ampare los derechos de hijas e hijos, impida la custodia compartida cuando el padre sea un maltratador o abusador sexual y no defienda intereses económicos machistas.

Mantener la prohibición de la llamada “maternidad subrogada” que no significa más que convertir el cuerpo de las mujeres en mercancía, una nueva forma de prostitución.

Aprobar una Ley de Costas y Montes que anule las anteriores y que prohíba edificar a menos de 300 metros de la costa y en los parajes de valor ecológico y protegido, así como ordene el derribo de aquellas construcciones que contravengan estas disposiciones.

Dedicar los recursos suficientes para limpiar las costas, las playas, los lagos, los bosques, los ríos, las lagunas, de la contaminación que se ha producido en el último medio siglo.

Exigir responsabilidades a las empresas que contaminan el medio ambiente y aplicar sanciones eficaces que penalicen esta conducta e indemnicen adecuadamente a la sociedad afectada.

Tomar medidas para rebajar la contaminación del aire y reducir los niveles de CO2 en las ciudades.

Aprobar una ley de protección de los animales, tanto los salvajes como los de compañía, que prohíba las corridas de toros, el trabajo explotado de los animales en los circos y las fiestas bárbaras de los pueblos que torturan y matan animales, así como establezca severas sanciones contra los infractores.

Aprobar una nueva Ley de memoria Histórica que establezca la nulidad de pleno derecho de los juicios y consejos de guerra celebrados contra los republicanos y antifranquistas durante la dictadura y la transición.

Dotar de medios por parte del Estado para realizar las exhumaciones de los restos de los republicanos y antifranquistas asesinados y ejecutados durante la dictadura franquista, a fin de que puedan ser enterrados y homenajeados como se merecen.

Crear una Comisión de la Verdad que investigue y publique sus conclusiones sobre los crímenes de lesa humanidad y de genocidio cometidos durante la dictadura franquista para que se proceda a la justicia y reparación que se les debe a las víctimas.