La encuesta realizada por el Ministerio de Igualdad sobre la violencia contra la mujer da unas cifras espeluznantes. La mitad de las mujeres españolas, doce millones, ha sufrido alguna clase de agresión: psicológica, verbal, física, sexual, en su vida. A las feministas no nos ha sorprendido. Sabemos que en la realidad todas hemos sufrido en un momento u otro el acoso, el desprecio, la humillación, cuando no los tocamientos y los comentarios salaces por parte de algún hombre.

La extensión de la violencia machista es muy superior a la que los psicólogos asumen, los medios de comunicación nos informan, los políticos aceptan y el gobierno pretende controlar. Sólo las organizaciones feministas que llevamos decenios denunciando, ayudando a las víctimas, y pidiendo modificaciones de la Ley de Violencia de Género, conocemos más de cerca la gravedad de la situación, y aún no toda, puesto que en el silencio y la ocultación viven millones de mujeres que nunca se atreverán a explicarlo y aún menos a denunciarlo.

Por ello la ONU ha declarado que “la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo”.

A la vez que se daba publicidad a la encuesta, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, anunciaba que “han comenzado a elaborar una Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas para el periodo de 2021 a 2025 que complementará el Pacto de Estado y pondrá énfasis en la prevención, en la protección integral de la víctima, en la reparación y la atención a los niños y niñas”.

Si nuestro gobierno no contara con la pasividad y sumisión de las mujeres, y la complicidad y complacencia de la mayoría del Movimiento Feminista, sino que tuviera enfrente una sociedad exigente y hasta enfurecida como en EEUU o Bielorrusia, no se atrevería a embromarnos nuevamente con lo que ahora denomina Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas. Desde hace dieciséis años los sucesivos gobiernos, con sus respectivas ministras de Asuntos Sociales primero e Igualdad después, nos han engañado con los diversos propósitos que a bombo platillo anuncian para acabar con la explotación y masacre de las mujeres.

Primero fue la Ley de Violencia de Género –cuyo nombre es ya representativo de la espuria denominación de la violencia machista- en 2004. Después el Plan –ya no es una ley- Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018, que con tan pretencioso título y 75 páginas de declaraciones, exposiciones de motivos, articulado y presupuesto económico se proponía una lucha integral, nada menos, contra la trata. No así contra la prostitución, claro. Pero ese Plan solo tenía una duración de 4 años, que terminaron en 2018. Nunca podré entender cómo se contentaron todos: Ministerio, Movimiento Feminista, PSOE, con unas medidas que únicamente tenían que durar 4 años. Y se acabó. Lo que no se acabó fue la trata.

Después seguimos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que con toda solemnidad y publicidad se firmó en diciembre de 2017. Y ahora vamos a esa “Estrategia Nacional”, como si fuera una acción militar, que con otro tanto de la publicidad, la retórica hueca y los gestos ampulosos a que nos tiene acostumbradas la Ministra de Igualdad, asegura que: «Irá de la mano del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y lo complementará. Será una estrategia feminista y ambiciosa que incorporará nuevas líneas de actuación»,

Según ha precisado, mediante esta “estrategia” quieren poner en el centro «todas las violencias», no solo la que se produce en el ámbito de la pareja o expareja, sino también otras formas «invisibilizadas» como el acoso sexual u online. La última “estrategia”, según ha recordado Montero, se dio por concluida en 2016 y «obvió» otras formas de violencia como el acoso sexual. La Ministra nos anuncia también que en la elaboración de la “estrategia” van a participar comunidades autónomas, entidades locales y el conjunto de las instituciones, incluidos los ministerios que deben participar de la atención a las víctimas durante todo el proceso. Y ya sólo por eso nos echamos a temblar.

Desde 1983 en que al regresar de una larga estancia en EEUU aporté a la entonces primera Directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, la ley de violencia del Estado de Nueva York, que a pesar de su prematureidad era bastante eficaz, para que nos sirviera de guía en la que debíamos aprobar para España, han pasado 37 años en los que además de las discusiones con los políticos que estaban en sus sucesivos gobiernos, con las feministas socialistas, con los “expertos” en ciencia jurídica, con los medios de comunicación, etc. etc. se han aprobado, como he recordado, una Ley Integral –que no falte la pomposidad- un Plan, un Pacto y ahora una Estrategia. Todos esos años, esfuerzos, trabajos, dineros y documentos jurídicos han dejado las cifras que nos acaba de ofrecer la encuesta realizada por el Ministerio de Igualdad. Millones de agresiones, miles de asesinadas, miedo y abandono de las víctimas.

Hace más de tres años se comenzaron los trabajos del Congreso de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos parlamentarios de aquel momento y aconsejaron 90 expertos en sesiones que duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200 artículos. Así, el resultado del intenso trabajo realizado por parte de la Subcomisión creada al efecto dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por parte de la Ponencia dentro de la Comisión de Igualdad del Senado, fueron unos documentos que contenían un total de 214 medidas en el caso del Congreso y 267 en el caso del Senado, a partir de los cuales se desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuya aprobación culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales, entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.

Para que ustedes se hagan una idea de la lucidez, claridad y eficacia del texto que dieron a luz los eminentes diputados, senadores, consultores, sindicatos, asociaciones y expertos, les reproduzco textualmente uno de sus artículos, el 117: “Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.” Y deberíamos dar un premio a quien sin ser jurista, y listo, haya entendido semejante bodrio de disposición legal, que ni siquiera lo es, puesto que el Pacto no es una ley, por lo que es preciso proceder después “a las modificaciones legales oportunas”, que, para mayor “inri” nunca se han llevado a cabo.

Como ni la famosa Ley de Violencia ni la de Enjuiciamiento Criminal contemplan invertir la carga de la prueba como sucede en la legislación laboral, para que no sea la víctima la que tiene que probar la comisión del delito, que se produce habitualmente en la privacidad del hogar, la mayoría de los procesos acaban en sobreseimiento o en absolución. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras, el maltratador sigue amenazando a su mujer diariamente, e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, continua en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por vecinos, parientes y amigos. El 30% de las asesinadas tenían incluso orden de alejamiento o de protección contra su asesino. Que, como se ha visto, son completamente inoperantes. En definitiva, sólo en la violencia contra la mujer se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse y el verdugo campe tranquilamente en libertad, sin amenaza alguna.

Denominar “Estrategia” a lo que debería ser ley, es dar por fracasada de antemano esa “estrategia”. Y una ley punitiva, no como esa inútil Ley de Igualdad que no incorpora ninguna coerción para ser cumplida. Esta estrategia se sumará a la lista, que entra en la ridiculez, de intentos balbuceantes de frenar en alguna medida esa violencia que es estructural. Aunque ya me permito dudar de que realmente el PSOE y Unidas Podemos pretendan perseguirla eficazmente.

Más bien es una “estrategia” con que los poderes políticos hace años entretienen al MF y especialmente a las feministas de sus partidos, para que no se den cuenta de que siguen protegiendo al Patriarcado, que está demasiado afincado y dominante en nuestra sociedad para derrotarlo con estas farsas de leyes, planes, pactos y estrategias.

Madrid, 12 de septiembre 2020.