COMUNICADO SOBRE EL GABINETE DE CRISIS CONVOCADO POR LA MINISTRA DE IGUALDAD

Comunicado – La Comisión Política del Partido Feminista de España, reunido en sesión de urgencia ante los continuos asesinatos de mujeres cometidos en este mes de julio pasado, ha acordado

DENUNCIAR

La farsa que supone la convocatoria del Ministerio de Igualdad del día 1 de agosto de un supuesto gabinete de crisis, con asistencia de los responsables de diferentes instituciones, para ¨erradicar¨ la llamada violencia de género, como se atrevieron denominar en el anterior gabinete, que con este suponen cuatro los que se han convocado por este ministerio.

La valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género es la asignatura pendiente del Gobierno en relación a estos crímenes, con un 25% de las mujeres asesinadas en estos cuatro años de legislatura con denuncia previa sobre su presunto agresor, ha informado Europa Press.

El porcentaje de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas que habían interpuesto denuncia previa ha ido creciendo en los últimos cuatro años. En 2020, 8 de las 50 víctimas mortales de la violencia de género habían denunciado a su presunto agresor (un 16%), mientras que en 2021 esta cifra se elevo a 10 de las 49 asesinadas (20,4%).

Aunque los números más críticos se dieron el año pasado, cuando el 40% de las víctimas mortales (20 de las 49) habían denunciado previamente a su presunto agresor. En lo que va de 2023, el 21% de las 32 asesinadas habían denunciado.

La situación de riesgo en que se encuentran las mujeres maltratadas no se ha disminuido un ápice desde 2003 en que 71 fueron víctimas de sus asesinos varones. Desde esa fecha en la que se encuentran cifras, 1400 mujeres han sido víctimas de asesinatos machistas a pesar de que la “Ley de Violencia de Género” se aprobó el 28 de diciembre de 2004. Examinando el gráfico de estos asesinatos nos encontramos con que el número de víctimas es el mismo en 20 años, sin que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 haya tenido ninguna eficacia en reducir el número de víctimas y proporcionar seguridad a las mujeres maltratadas. El sindicato USO denuncia que solo se cumplen 75 de las 290 medidas que se incluyen en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es ridículamente desproporcionado el número de medidas cuya eficacia, ya en el momento de su aprobación, resultaba muy dudosa y mucho más lo ha sido desde el momento en que no se han aplicado el 30% de las reseñadas. En estos últimos siete años se han contabilizado una media de 60 feminicidios cada año, el 25% de las cuales tenían vigente órdenes de alejamiento y/o protección.

Esta situación se reproduce año tras año sin variación alguna, mientras se convocan gabinetes de crisis periódicamente y se repiten aspavientos y declaraciones dramáticas, tanto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, como de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, completamente inoperantes y que solo sirven para salir en los informativos de TVE y prensa. En esta ocasión la señora Rosell no ha tenido empacho en declarar: “las mujeres deben saber que la ciudadanía está con ellas. Esa actitud de rechazo salva vidas.”, con lo cual deriva la responsabilidad de la protección de las maltratadas a toda la sociedad, mientras las instituciones que tienen la obligación de prevenir y perseguir el delito no tienen protagonismo alguno en la protección de sus ciudadanas.

Así mismo, tanto Irene Montero como Victoria Rosell atribuyen a la campaña de la ultraderecha, negando la violencia machista, el aumento de los asesinatos sobre todo entre los jóvenes. Resulta que las declaraciones de esa ultraderecha “desprotegen claramente a las víctimas”, en clara alusión a VOX y sus simpatizantes. La insistencia de Rosell y de Montero en que “el entorno de las víctimas se involucre si detecta cualquier signo de maltrato” deriva la responsabilidad de las instituciones y profesionales encargados de la denuncia, prevención y persecución de los delitos: médicos y personal sanitario, asistentes y trabajadoras sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscales, jueces, magistrados, a los particulares. Es la privatización de la persecución de esta lacra social. Y el llamamiento del Ministerio de Igualdad que llama a “recuperar la igualdad para frenar los crímenes machistas” significa una crítica al Movimiento Feminista por su negativa a apoyar la política seguida por este ministerio.

En definitiva, la responsabilidad de proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista es de los vecinos, los familiares y las feministas.

El Partido Feminista de España lleva denunciando 20 años la inoperancia de la Ley de Violencia de Género, como ya hemos explicado en numerosas ocasiones, la última en el comunicado del 2 de enero de 2023 que reproducimos aquí:

No sólo el texto legal es incompleto y mal redactado, lo que deja sin protección a un gran número de tipos de mujer, sino que ha permitido que la interpretación de los jueces no aplique las medidas de protección señaladas en él, y que incluso se reinviertan a favor de los hombres.

La primera inaceptable clasificación de la ley es que sólo protege a las mujeres ligadas con el agresor por un vínculo sentimental. De tal modo, todas las demás, que pueden ser la madre, la hermana, la suegra, las cuñadas, las hijas, la vecina, la compañera de trabajo, que sean agredidas por el maltratador, y por supuesto las prostitutas, apaleadas o torturadas por chulos o clientes, no son merecedoras de la protección de esta pomposa y tan publicitada Ley orgánica.

La más grave indefensión en que se encuentran las víctimas es que deben ser ellas las que prueben la comisión de los delitos. Mientras el legislador se ha molestado en especificar que la violencia de género es diferente a los demás delitos, no ha considerado que, en razón de ello mismo, se debería invertir la carga de la prueba, como se ha logrado en la legislación laboral, de tal manera que la declaración de la mujer constituya una prueba. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras el maltratador, amenazando a su mujer diariamente, e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, sigue en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. En definitiva, sólo en estos casos se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse en una llamada casa de acogida, en un régimen de limitación de libertad de movimientos, y el verdugo campe tranquilamente por sus respetos, sin amenaza alguna.

La aplicación de la ley está sesgada hacia la protección de los maltratadores. Uno de los trucos más usados por estos es el de no acudir a la citación previa dispuesta en la ley. Si se esconden o simplemente procuran que el agente judicial no les encuentre, el caso no se tramita. Resulta casi imposible lograr que el juez adopte la determinación de dictar una orden de alejamiento “in inaudita persona”. Pero los procesamientos de los terroristas, como tantas condenas, se han dictado en rebeldía.

En resumen, únicamente el 38 por ciento de las denuncias concluyen en una condena QUE MUCHAS VECES NO SE CUMPLE. Y las órdenes de alejamiento, tanto previas, como las que se dictan como consecuencia de la condena, no tienen seguimiento ni protección, como se puede comprobar, desdichadamente, cada día, con los asesinatos de mujeres que disfrutaban de semejante método de protección. Un estudio de la Universidad de Barcelona afirma que únicamente el 6% de las mujeres maltratadas tiene posibilidad de ver a su maltratador en la cárcel.

En conclusión, mientras no se reforme la Ley de Violencia de Género en el sentido que hemos señalado ni se le exijan responsabilidades a todos los profesionales que forman parte de las instituciones que deben proteger a las víctimas de maltrato, en su labor de prevención de los delitos, seguiremos contando este número inaceptable de mujeres asesinadas, que no corresponden a un Estado democrático. A pesar de las ridículas y optimistas declaraciones de la señora Rosell, que se ha atrevido a decir: “el problema de la violencia de género va a mejor, en el sentido de que cada vez hay menos víctimas asesinadas y sale más a la luz la violencia machista”, cuando la cifra de asesinatos de este mes de julio es la mayor de la serie de todos los julios, y en 2003 se contabilizó el mismo número de crímenes que 20 años más tarde.

No podemos esperar ninguna mejora en la prevención y persecución de estos delitos mientras el Ministerio de Igualdad y el Observatorio de Violencia de Género sigan teniendo la misma política de autosatisfacción de su trabajo realizado y deriven la responsabilidad que les corresponde a la sociedad civil y a las feministas, sin que se proceda a una reforma profunda de la ley de los organismos encargados de aplicarla.

Madrid 3 de agosto de 2023 – Comunicado

DANIEL SAUCE, Comisión Política del Partido Feminista de España.