Cárceles de mujeres del siglo XXI
La doble condena del patriarcado capitalista en España
El sistema penitenciario español no es un espacio neutro de administración de justicia. Es un aparato de clase machista, diseñado para disciplinar a las mujeres que han transgredido los mandatos del patriarcado capitalista y para gestionar la pobreza estructural que el propio régimen económico produce.
A cierre de 2023, 4.000 mujeres permanecían recluidas frente a 52.698 hombres, lo que sitúa a España con una tasa de encarcelamiento femenino del 7,6%, la más elevada de Europa Occidental y muy por encima del 4,5% de la media comunitaria.
Lejos de ser una anomalía estadística, esta cifra revela una lógica de clase: el Estado burgués criminaliza la supervivencia, medicaliza el trauma y utiliza la prisión como mecanismo de control reproductivo y social basado en la opresión sexista.
La arquitectura carcelaria: un diseño burgués y machista
El régimen penitenciario ha sido concebido históricamente para la vida, la disciplina y la rutina masculina.
La escasez de centros exclusivos para mujeres y su alojamiento en módulos de prisiones mixtas o masculinizadas no es un defecto técnico, sino una expresión de la invisibilización sistemática de las necesidades propias del sexo femenino.
La oferta de recursos, talleres y espacios adaptados es notablemente inferior, reproduciendo la lógica de que la mujer es un añadido secundario a un modelo carcelario pensado por y para hombres.
Desde una óptica marxista, la prisión funciona como válvula de escape para las contradicciones del capitalismo tardío. La opresión de clase y violencia machista se entrelazan en la institución penitenciaria.
Esa estructura se materializa en muros, reglamentos y protocolos que tratan a las reclusas como mujeres desviadas que deben ser reeducadas, no como mujeres cuyas vidas han sido fracturadas por la precariedad, la violencia machista y la falta de recursos.
Maternidad bajo rejas: la explotación del trabajo de cuidados y la hipocresía estatal
El 80% de las mujeres encarceladas son madres, y más de la mitad se encuentra en edad reproductiva (21-40 años). Sin embargo, el sistema penitenciario solo permite la convivencia con hijos menores de tres años, y no todos los centros disponen de unidades específicas para madres.
El régimen de comunicaciones se reduce a un locutorio semanal y un vis a vis familiar mensual, dinámicas que generan en la infancia alteraciones del vínculo y en la mujer sentimientos de culpa, vergüenza y fracaso.
El capitalismo depende del trabajo gratuito de las mujeres en la reproducción, crianza y los cuidados, pero cuando la mujer no puede ejercerlo por condiciones materiales, la respuesta no es la protección social, sino el encierro.
La familia es una institución de producción no remunerada que el capitalismo explota y que el Estado penaliza cuando falla.
El Estado utiliza el mito de la buena madre como instrumento de control machista, premiando la sumisión y castigando a quien no puede cumplir con los mandatos de la reproducción social bajo condiciones de explotación.
Criminalización de la supervivencia y medicalización del trauma
Los delitos cometidos por mujeres son reveladores: aproximadamente el 43% de los delitos corresponden a hurtos, robos y estafas; el 26% al tráfico de drogas; y solo un 9,5% a homicidios.
El 70% de las internas cumplen condenas por delitos vinculados a la supervivencia económica propia o familiar, o a redes de distribución marginales (tráfico de drogas -mulas-, compraventa de objetos robados, gestión de viviendas para actividades ilegales, hurto para subsistencia), nunca a la violencia interpersonal.
Pese a ello, el 80% ha padecido violencia machista a lo largo de su vida (con picos del 87% en el País Vasco, mayoritariamente en el ámbito familiar o de pareja), y sin embargo, la condición de víctima no se contempla como atenuante penal.
El 30% restante de internas se distribuye en las siguientes categorías:
Homicidio y formas ~9,5%, en muchos casos, contextos de violencia machista prolongada, legítima defensa no reconocida o coacción por parejas.
Delitos contra las personas, ~8-10%, frecuentemente vinculados a conflictos intrafamiliares; en ocasiones, mujeres que se defienden de agresores y son penalizadas por «exceso» en la defensa.
Delitos contra la Administración Pública, ~4-6%, a menudo relacionados con trámites de extranjería, subsidios o documentación para acceder a servicios básicos.
Delitos contra la seguridad vial, ~2-3%, conducción bajo efectos de sustancias o sin permiso; frecuentemente vinculado a precariedad y falta de alternativas de movilidad.
Otros delitos, ~3-5%, incluye situaciones de reincidencia por incumplimiento de medidas alternativas, a menudo por falta de recursos para cumplir condiciones (ej. pagar multas).
En lugar de reparación, el sistema responde con psiquiatrización. En algunos centros, el 62% de las reclusas consume psicofármacos prescritos, mientras que la atención ginecológica es deficiente y, en ocasiones, se realiza bajo custodia masculina, vulnerando la intimidad y revictimizando.
La subordinación económica de la mujer muestra cómo la medicalización del trauma carcelario reproduce la dependencia femenina.
De 1976 a hoy: la persistencia estructural del control machista y la dominación de clase
Casi medio siglo después de la publicación de “Ser mujer en las cárceles de España” en el número inaugural de Vindicación Feminista (1976), el diagnóstico de Lidia Falcón conserva una vigencia estructural que desmiente los discursos de “progreso penitenciario”.
Lo que entonces se describió como un aparato de vigilancia sexista y abandono institucional hoy se reproduce bajo una burocracia moderna, pero con idéntica función de clase y sexista.
Lidia Falcón denunció que la prisión femenina operaba como extensión del domicilio patriarcal: mujeres forzadas a gestar sin atención sanitaria, partos sin anestesia, lactancia en condiciones de miseria, y una custodia masculina que espiaba la fisiología femenina en calabozos sin privacidad.
Hoy, los datos confirman que esa arquitectura no ha sido desmantelada, solo se ha medicalizado y administrado.
El 62% de las reclusas consume psicofármacos prescritos; las revisiones ginecológicas se realizan en ocasiones bajo custodia de hombres; la separación de hijos menores de tres años y el régimen de visitas restringido siguen fracturando vínculos; y la oferta formativa continúa reproduciendo roles de cuidado mientras se niega acceso a oficios técnicos o productivos.
La criminalización de la reproducción y la supervivencia ha cambiado de forma, no de fondo. En 1976, el 30% de las presas ingresaban por aborto o por ser víctimas de redes de prostitución; hoy, el 69% cumple condenas por delitos vinculados a la pobreza o a eslabones marginales del narcotráfico.
En ambos casos, el Estado penaliza a la mujer por no poder ejercer el cuidado o la subsistencia en un sistema que le niega los medios materiales.
Lidia Falcón advertía que «cualquier reformismo está superado. Ha pasado la hora de las sufragistas» y que la legalización de prácticas no modifica la relación de fuerza entre los sexos mientras persista la estructura de dominio.
Esa intuición se confirma hoy: se habla de “perspectiva de derechos” y “reinserción”, pero la prisión sigue gestionando a las mujeres pobres.
La baja reincidencia femenina (5,03%) demuestra que la mujer no requiere corrección moral, sino condiciones materiales de existencia.
La vigilancia masculina de la biología femenina, el aislamiento de la maternidad y el silencio institucional sobre el sufrimiento carcelario de las mujeres siguen vigentes.
Como señalaba Lidia Falcón, «la patria que las abandona, las prostituye y las explota como última clase social oprimida, las amontona en las prisiones tras un muro de silencio».
Medio siglo después, ese muro sigue en pie, pintado de legitimidad democrática. Mientras no se ataque la raíz material de la explotación de clase y la opresión de sexo, cualquier “humanización” penitenciaria será solo cosmética.
La revolución feminista, en su dimensión materialista, sigue siendo la única vía para desmontar un sistema que convierte la supervivencia en delito y la maternidad en castigo.
Clase y opresiones capitalistas
La prisión femenina española es un espejo de las jerarquías imperialistas y de clase. El 28% de las reclusas son mujeres extranjeras (frente al 10,49% en la población general), y las mujeres gitanas ya representaban el 25% del total penitenciario femenino en 2005, cuando apenas constituían el 1,4% de la población total.
La gran mayoría carece de formación universitaria, procede de empleos precarios (limpieza, hostelería, economía informal) y arrastra responsabilidades de cuidado.
Esta sobrerrepresentación no es casual. Es el resultado de un modelo económico que explota a las mujeres pobres.
Las mujeres presas no son “delincuentes natas”; son trabajadoras informales, cuidadoras no remuneradas, víctimas de redes de tráfico y supervivientes de violencia estructural.
Su encarcelamiento es la criminalización de la pobreza feminizada y de la desigualdad basada en el en la mujer como clase.
La baja reincidencia femenina: desmontando el mito de la peligrosidad
Los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias muestran una realidad que desmiente el relato punitivista: el 94,97% de la reincidencia corresponde a hombres, frente al 5,03% de mujeres.
Su comportamiento en prisión es significativamente más constructivo, servicial y obediente y para muchas, el centro penitenciario representa el primer acceso estable a derechos básicos: atención sanitaria, formación, trabajo remunerado y cotización a la Seguridad Social.
Este dato es político: demuestra que la mujer no necesita ser “rehabilitada”, sino integrada en condiciones de dignidad.
La baja reincidencia femenina evidencia que el encierro no responde a un riesgo social, sino a una gestión de clase.
Cuando se garantizan mínimos vitales, la trayectoria delictiva se interrumpe.
El Estado, sin embargo, prefiere el castigo a la inversión social, porque la justicia redistributiva amenaza las bases de la acumulación capitalista.
Hacia la abolición penitenciaria y la liberación comunista de las mujeres
El Partido Feminista de España sostiene, en línea con la tradición marxista revolucionaria, que la prisión no puede reformarse en un espacio feminista.
Es una institución burguesa que reproduce violencia, disciplina a la mujer y naturaliza la opresión de clase y sexista.
Lidia Falcón, en su trayectoria como fundadora del Partido Feminista y autora de “En el infierno”, ha insistido en que la emancipación femenina exige la destrucción del Estado patriarcal-capitalista, no su humanización penal.
La alternativa no está en más módulos de madres ni en talleres de costura estereotipados.
Está en la garantía universal de vivienda, empleo digno, salud reproductiva, educación pública y redes socializadas de cuidados.
Está en reconocer que la violencia machista no se resuelve con penas, sino con transformación material de las relaciones de producción y reproducción.
Por una justicia transformadora, no punitiva
Los datos del siglo XXI confirman lo que el feminismo materialista ha sostenido durante décadas: las cárceles de mujeres no son depósitos de delincuentes, son espacios de la explotación capitalista y la dominación machista.
La criminalización de la supervivencia, la medicalización del trauma, la ruptura forzada de vínculos maternos y la sobrerrepresentación de mujeres migrantes, gitanas y pobres forman un único sistema de control basado en la mujer como clase.
Desde el Partido Feminista de España reafirmamos que:
La violencia machista debe reconocerse como atenuante estructural, no como excusa para la revictimización institucional.
El régimen penitenciario debe ser sometido a auditorías con perspectiva de clase y por razón de sexo.
La maternidad bajo rejas exige alternativas reales: unidades de convivencia ampliadas, permisos de salida priorizados y protección social previa al encarcelamiento.
La lucha por la libertad de las mujeres presas es inseparable de la lucha por la vivienda, el empleo, la sanidad pública y la derogación de leyes de extranjería que criminalizan la pobreza.
La prisión no libera; administra la miseria y obtiene mano de obra esclava. Solo la organización de clase, la conciencia feminista materialista y la transformación socialista del Estado podrán devolver a las mujeres su derecho a existir sin muros, sin fármacos, sin culpa impuesta.
Lidia Falcón, en su obra “En el infierno: Ser mujer en las cárceles de España” (Ediciones de Feminismo, 1977), escrita durante su reclusión en Yeserías, documentó con rigor la experiencia carcelaria femenina y denunció el maltrato institucional, en la revista “Vindicación Feminista N1”, reproducimos en este enlace el artículo completo.
Partido Feminista de España
Puedes compra el libro «En el infierno» Ser mujer en las cárceles de España – escrito por Lidia Falcón en este enlace