Amenazas y acoso a las feministas: el caso de Lidia Falcón

 

Las mujeres que defienden los derechos de las mujeres siempre se han topado con un obstáculo histórico y persistente: el hostigamiento y la intimidación sistemática ejercida principalmente por hombres que persiguen mantener intactas las estructuras de poder patriarcal que los privilegia. Esta hostilidad se manifiesta en múltiples formas de violencia, desde amenazas veladas o explícitas, acoso, hasta campañas de difamación coordinadas, diseñadas específicamente para silenciar voces disidentes y disuadir a las demás mujeres. El objetivo de los ataques es desprestigiar los argumentos de las mujeres y, en no pocas ocasiones, atacar su integridad personal y honor. Es el caso de Lidia Falcón.

Un caso de rabiosa actualidad es el de Lidia Falcón (1935), histórica política y abogada feminista española, fundadora del Partido Feminista de España (PFE), que en los últimos años ha sufrido un feroz hostigamiento y acoso por su defensa de los derechos de las mujeres y menores.

Recientemente, Falcón ha debido comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid para rendir declaración en el juicio que se sigue contra una persona trans que escribió el X-Twitter un mensaje amenazador donde le pedía a 2021 una pistola y una bala. Este mensaje dio lugar a que la Fiscalía presentara querella por amenazas de muerte y delito de odio contra Falcón y cinco años de prisión. Petición que, cuatro años después, ha sido rebajada a una mera falta. 

Pero no es la primera vez que Lidia Falcón debe acudir a los tribunales para defenderse por motivo de sus opiniones sobre la llamada ley trans. En 2019, fue objeto de una denuncia presentada por una plataforma trans, que la acusó de emitir declaraciones que supuestamente promovían el odio hacia las personas trans. Falcón había manifestado su oposición a las propuestas y proyectos de ley que se debatían en ese momento, argumentando jurídicamente las razones por las que esta ley resultaba contraria a la Constitución y a los derechos de las mujeres y menores.

El caso fue archivado en 2021, al concluirse que las declaraciones de Falcón no constituían un delito, sino que estaban amparadas por la libertad de expresión, al formar parte de un debate político legítimo en torno a la ley trans. Aunque sus opiniones generaron controversia, se consideraron válidas dentro del análisis político sobre las consecuencias de dicha ley para los derechos de las mujeres y menores, y por tanto, no se calificaron como discurso de odio, ni como conducta constitutiva de delito.

Es importante tener presente que Lidia Falcón no es sólo una histórica feminista, sino que también es una valerosa abogada que luchó contra el franquismo y que fue de las primeras juristas que defendieron con total compromiso a lesbianas, gais, transexuales y demás perseguidos durante la dictadura, de la que ella también fue víctima, al sufrir torturas y persecución política por sus ideas.

Cuando hablamos de Lidia Falcón nos referimos a una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las mujeres, la clase obrera, así como de las minorías vulnerables, incluidos los gais y las personas transexuales. Por lo que es absolutamente falso la acusación de que se trata de alguien que odia a este colectivo o que promueve la hostilidad en su contra.    

Como consecuencia de su inquebrantable defensa de los derechos de las mujeres y menores, Lidia Falcón ha sufrido acoso digital, judicial y personal, además de serias represalias, incluso desde antes que esta ley fuera aprobada: en 2020 el Partido Feminista de España fue expulsado de la coalición Izquierda Unida, debido a la postura crítica de Falcón hacia las entonces propuestas que terminaron convirtiéndose en la ley de autodeterminación del sexo. Y, por estas mismas posturas, el diario Público dio por terminado su contrato de colaboración, al considerar discurso de odio la crítica y la discrepancia hacia el dogma queer  y las leyes transgeneristas.         

Según ha señalado Ana de Blas sobre el juicio, la señora Falcón ha indicado que desde su postura contraria a la ley de autodeterminación del sexo, ha sufrido toda suerte de ataques: «el lenguaje soez y amenazador que he recibido por esto no lo ha utilizado conmigo ni la policía política del franquismo», estableciendo un significativo paralelismo entre las presiones actuales y la represión sufrida durante la dictadura.

El derecho a la crítica y la discrepancia en una sociedad democrática

El caso de Lidia Falcón pone de relieve una cuestión fundamental en cualquier democracia: el derecho a discrepar y a expresar opiniones políticas diversas sin temor a daños, amenazas o represalias forma parte inherente del derecho fundamental a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución y elevado a derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Feministas de todos los países que han manifestado posiciones críticas sobre la ley de autodeterminación del sexo denuncian en público o juzgados haber sufrido un patrón sistemático de intimidación y hostilidad que incluye acoso en todas sus formas, cancelaciones de eventos, expulsiones de espacios políticos, pérdida de colaboraciones profesionales, despidos, boicot, censura, e incluso amenazas directas a su vida o integridad, en los casos más graves.  

Al igual que en otros países, España suma una larga lista de mujeres atacadas públicamente y acosadas judicialmente sólo por ejercer su libertad de expresión y defender los derechos de las mujeres y menores, como la escritora Lucía Etxebarria y la abogada Yasmina Lozano.       

En este sentido, la abogada de Falcón  lanzó un mensaje claro tras el juicio: “queremos que cese el acoso a las personas que discrepan de la ideología que sostiene a la ley trans. No se puede defender una reivindicación con violencia, con amenazas, con acoso».

Con esta declaración, todas las mujeres, hombres y organizaciones feministas que nos hemos opuesto a la ley de autodeterminación volvemos a subrayar un principio esencial de todo Estado de Derecho: toda causa pierde su legitimidad cuando se recurre a métodos violentos o cuando se vulneran derechos fundamentales de otras personas, entre los que se halla la libertad de expresar rechazo a las leyes que perjudican los derechos de la mitad de la población y ponen en peligro a los menores. 

La dilación del fallo del Tribunal Constitucional y los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo británico sobre la categoría ‘mujer’

En estos días en que el Tribunal Constitucional español ha diferido sine die la resolución de la sentencia sobre la ley trans, por discrepancias internas sobre el sentido de la ponencia, el caso de Lidia Falcón nos obliga a poner el foco en la decisión histórica del Tribunal Supremo del Reino Unido, emitida el 16 de abril de 2025, donde se estableció por unanimidad que el término «mujer» estaba vinculado a la biología y que el sexo es un concepto biológico binario.

Lo anterior, porque la sentencia británica está llamada a tener profundas repercusiones globales en el ejercicio de los diversos derechos de las mujeres que han sufrido desmedro desde que se han implementado las leyes de autodeterminación del sexo, al desactivar muchas de las leyes que nos protegen, así como el ejercicio legítimo de las libertades democráticas.  

Uno de esos derechos de las mujeres que han resultado vulnerados o amenazados por las leyes de autodeterminación es precisamente la libertad de expresión y de opinión, que ha impedido que mujeres sanitarias, académicas, activistas, políticas, escritoras, juristas, periodistas, docentes y ciudadanas conocidas o anónimas puedan expresar críticas legítimas al dogma queer o a la teoría de la identidad de género sin ser penalizadas, acosadas, censuradas, despedidas o perseguidas.

La extraordinaria aportación al Movimiento Feminista español por parte de esta indómita abogada y política, que a sus casi noventa años sigue luchando por nuestros derechos, merece reconocimiento y máximo respeto, incluso por parte de quienes discrepan de algunas de sus posiciones. Su trayectoria de 45 años dedicados a la defensa de los derechos de las mujeres, menores, la clase trabajadora y los colectivos vulnerables constituye un legado que forma parte de la historia de la democracia española, donde la violencia en todas sus formas no tiene cabida ni justificación.

12 de mayo de 2025.