Comunicado del Partido Feminista de España - libertad inmediata para Fergie Chambers

No a la extradición. No a la criminalización de la solidaridad con palestina

La Comisión Política del Partido Feminista de España denuncia que:

El Gobierno deberá demostrar hasta qué punto está dispuesto a defender la soberanía de sus propias instituciones frente a las presiones de Washington. En ese contexto, el caso de Fergie Chambers adquiere además una dimensión que afecta directamente al Estado español. Quienes han impulsado esta persecución no solo están poniendo a prueba la resistencia de un hombre comprometido con Palestina; también están poniendo a prueba al Gobierno español y al poder judicial. El Gobierno deberá demostrar hasta qué punto está dispuesto a defender la soberanía de sus propias instituciones frente a las presiones de Washington, mientras que los tribunales españoles tendrán la responsabilidad de decidir si actúan exclusivamente conforme al derecho y a las garantías propias de un Estado democrático o si aceptan convertirse en una pieza más de una estrategia internacional de persecución política.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro de Fergie Chambers. También está en juego el precedente que España sienta para el futuro. La decisión que adopten sus instituciones enviará un mensaje claro: si nuestro país protege el derecho a la solidaridad y la independencia de su justicia, o si acepta que intereses políticos extranjeros puedan determinar hasta dónde llegan las libertades democráticas dentro de nuestras propias fronteras.

Una detención política disfrazada de delito común

James Cox «Fergie» Chambers, activista estadounidense y heredero de la familia propietaria de Cox Enterprises, fue detenido el pasado 10 de julio en Ibiza por orden de la Administración Trump. Los cargos que se le imputan —lavado de dinero, disturbios y conspiración para cometer disturbios— son, según ha denunciado ampliamente la prensa progresista y de izquierdas, meros pretextos para criminalizar su activismo solidario con el pueblo palestino.

La acusación se basa en transferencias de fondos realizadas por Chambers desde Estados Unidos a Túnez, país donde residía, destinadas a:

• Ayuda humanitaria verificable en Gaza: cerca de un millón de dólares repartidos entre la Alianza para los Niños de Oriente Medio (MECA), el Proyecto Sameer, el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM), el Fondo para la Infancia Ghasan Abu Sittah y el Proyecto Zaynab. Todas ellas organizaciones dedicadas a la provisión de alimentos, medicinas, reconstrucción sanitaria y apoyo psicológico a víctimas de la guerra.

• Patrocinio deportivo al Club Africain de Túnez: un equipo de fútbol históricamente vinculado a la clase trabajadora tunecina y conocido por su apoyo público a la causa palestina.

Denunciamos que no existe prueba alguna de que estos fondos hayan sido destinados a Hamás ni a ninguna organización calificada como terrorista. La acusación estadounidense se sustenta en una interpretación arbitraria y politizada de la solidaridad internacional, equiparando la ayuda humanitaria y el apoyo a causas anticoloniales con el «apoyo material al terrorismo».

Los argumentos de la defensa: persecución política y vulneración de garantías

El despacho ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, ha asumido la defensa de Chambers y ha articulado una argumentación sólida que denuncia la naturaleza política del caso:

• Persecución ideológica: Chambers es un activista autodefinido como marxista-leninista, comprometido con causas anticoloniales y solidarias en todo el mundo. Su detención se enmarca en la ofensiva de la Administración Trump contra el movimiento internacional de solidaridad con Palestina, que ya ha sancionado a jueces del Tribunal Penal Internacional y a la relatora de la ONU Francesca Albanese.

• Inexistencia de delito: Las donaciones realizadas por Chambers son trazables, verificables y destinadas exclusivamente a fines humanitarios y culturales. La acusación de «financiación del terrorismo» carece de fundamento probatorio y constituye una fabricación política.

• Vulneración del principio de no extradición por delitos políticos: El Tratado de Extradición entre España y Estados Unidos establece expresamente que no se concederá la extradición cuando el delito tenga carácter político o cuando existan razones fundadas para creer que la solicitud tiene como fin perseguir a la persona por motivos políticos o ideológicos. La defensa considera que este supuesto se cumple plenamente en el presente caso.

La prisión provisional: una decisión desproporcionada e injustificada

El juez Antonio Piña, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, decretó la prisión incondicional de Chambers tras su declaración por videoconferencia, desatendiendo las solicitudes de libertad provisional presentadas por su defensa.

La defensa ofreció garantías suficientes para asegurar la presencia de Chambers durante el procedimiento, incluyendo el pago de una fianza económica. Sin embargo, el tribunal denegó la libertad bajo fianza argumentando un supuesto «elevado riesgo de fuga». Esta decisión ha sido duramente criticada por:

• Desproporcionalidad: Chambers no es un fugitivo. Se encontraba en Ibiza con su familia, buscando colegio para su hijo, cuando fue detenido. No ha intentado eludir a la justicia española.

• Criminalización anticipada: Mantener en prisión preventiva a una persona acusada de delitos que su defensa considera políticamente motivados supone una vulneración del principio de presunción de inocencia y una penalización anticipada de la solidaridad internacional.

• Mensaje político: La prisión de Chambers envía un mensaje intimidatorio a todos los activistas y organizaciones solidarias con Palestina en el Estado español: quien defienda los derechos del pueblo palestino puede ser tratado como un «terrorista» y encarcelado preventivamente.

El contexto internacional: la ofensiva de Trump contra la solidaridad con Palestina

El caso de Fergie Chambers no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia sistemática de la Administración Trump y del sionismo para criminalizar, perseguir y silenciar a todas las voces que defienden los derechos del pueblo palestino y denuncian el genocidio en Gaza:

• Sanciones al Tribunal Penal Internacional: Trump ha sancionado a ocho jueces y tres fiscales del TPI por investigar posibles crímenes de guerra de Israel.

• Acoso a la relatora de la ONU: Francesca Albanese ha sido acusada de «antisemitismo» y de «apoyar al terrorismo» por documentar las violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.

• Condena a activistas en el Reino Unido: Cuatro miembros de Palestine Action fueron condenados a penas de cárcel por destruir drones de la empresa israelí Elbit Systems, en un juicio donde se introdujo por primera vez la calificación de «terrorismo» para delitos de daños.

• Criminalización de la solidaridad en Estados Unidos: Decenas de activistas pro-palestinos han sido detenidos, procesados y condenados en los últimos meses bajo acusaciones de «conspiración» y «apoyo material al terrorismo».

En este contexto, la extradición de Chambers a Estados Unidos supondría una complicidad activa del Estado español con esta ofensiva represiva. Sería la primera vez que una persona es extraditada desde España a EEUU por cargos relacionados con el apoyo a la causa palestina, sentando un precedente gravísimo para las libertades democráticas en nuestro país.

EXIGENCIAS

Por todo lo expuesto, el Partido Feminista de España:

1. EXIGE la libertad inmediata e incondicional de Fergie Chambers, cuya prisión provisional es desproporcionada, injustificada y constituye una vulneración de sus derechos fundamentales.

2. EXIGE al Gobierno español que deniegue la extradición de Fergie Chambers a Estados Unidos. Recordamos que, incluso en el supuesto de que la Audiencia Nacional emitiera un informe favorable a la entrega, la decisión definitiva corresponde al Consejo de Ministros, conforme a la Ley de Extradición Pasiva. El Ejecutivo tiene la potestad soberana de rechazar la extradición por motivos de orden público, interés nacional o cuando considere que existen razones fundadas para creer que la solicitud obedece a una persecución política. Instamos al Gobierno a ejercer esta prerrogativa y a denegar cualquier entrega que suponga la complicidad con la criminalización de la solidaridad internacional con Palestina.

3. DENUNCIA la criminalización de la solidaridad internacional con Palestina y rechazamos cualquier intento de equiparar la ayuda humanitaria y el activismo pacífico con el terrorismo.

4. HACE UN LLAMAMIENTO a la movilización ciudadana en defensa de las libertades democráticas y la soberanía judicial del Estado español frente a las presiones extranjeras.

5. SE SOLIDARIZA con Fergie Chambers, su familia y su defensa, y nos comprometemos a acompañar su lucha hasta que recupere su libertad y se archive cualquier procedimiento contra él.

La solidaridad con Palestina no es un delito. La defensa de los derechos humanos no es terrorismo. El Estado español no puede ser cómplice de la represión internacional.

¡LIBERTAD PARA FERGIE CHAMBERS!

¡NO A LA EXTRADICIÓN!

¡SOBERANÍA JUDICIAL FRENTE A LAS PRESIONES DE WASHINGTON!

La Comisión Política del Partido Feminista de España