Noventa años supervivientes a la infamia

Noventa años nos separan de aquel infausto 18 de julio de 1936 en que las tropas fascistas iniciaron la guerra civil que dio fin a la II República que había sido elegida en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 por el voto popular. Dio fin a la República y a los avances que en todos los terrenos estaba implantando esta. La dictadura que la siguió acabó con la democracia, hundió la producción y llevó a la miseria a los trabajadores, arrasó las organizaciones sociales, situó a las mujeres en el último lugar de la ciudadanía, ocasionó el retraso de la cultura, más acusado de todos los siglos de la historia española, impidió el avance de la investigación científica, y nos situó en el más despreciable lugar de los países de Europa después de la II Guerra Mundial.

Esa dictadura apoyada por las grandes democracias, como el Reino Unido y Francia, que negaron a la República española su supervivencia ante la evidencia de que facilitaría las transformaciones sociales en favor de las clases desposeídas. Esa república, que afirma en el artículo 6 de su Constitución que la República española renuncia a la guerra para resolver los conflictos internacionales, , que abolió los títulos nobiliarios, concedió el sufragio femenino y estableció la igualdad entre el hombre y la mujer y estaba a punto de expropiar los grandes latifundios que poseían el 50% de las tierras cultivables, cuando comenzaron las matanzas de los republicanos y sindicalistas y los bombardeos de las ciudades por las aviaciones de Hitler y Mussolini.

El 17 de julio, las tropas marroquíes que Franco unió a su ejército asaltaron la base de hidros de Mar Chica en Melilla y fusilaron a su jefe, el capitán de aviación Virgilio Leret, mi tío, el marido de la hermana de mi madre, Carlota O’Neill, el primer fusilado de la guerra. Su mujer, detenida inmediatamente fue encarcelada en el penal medieval de Victoria Grande de la ciudad, donde soportó seis años de prisión, mientras a sus hijas, Mariela y Carlota, de 8 y 6 años, las internaban en el orfelinato de huérfanos de militares de Aranjuez el mismo interminable periodo de tiempo. 

Esta no era únicamente la tragedia de mi familia, sino la de un millón de españoles. La Guerra civil española fue el prólogo de la II Guerra Mundial que destrozó el planeta y nos legó el mundo que tenemos.

En este aniversario de la mayor tragedia que ha vivido España, ni las declaraciones de los dirigentes políticos, ni las clases de las escuelas, ni los medios de comunicación cuentan los verdaderos sucesos de aquella época, porque esta supuesta democracia que instalaron al morirse el dictador está dispuesta, organizada y administrada para engañar a las generaciones que las han seguido sobre la verdad de lo sucedido en la España republicana y bajo la dictadura. Al fin y al cabo, los mismos dirigentes militares fascistas y falangistas que gobernaban en 1975 fueron los que redactaron la Constitución de 1978, formaron los partidos que debían implantar  la democracia, fueron los diputados, los gobernadores, los alcaldes, los jueces, que montaron el tinglado democrático que hoy conocemos. Se trataba, se ha tratado siempre, de que ni se pudiera volver a elegir la república, ni los partidos comunistas y las asociaciones civiles a la izquierda del PSOE pudieran alcanzar el poder institucional.

La democracia de hoy es la heredera del fascismo que nos arruinó, nos torturó, nos encarceló durante interminables cuarenta años y nos fusiló. Todo para seguir manteniendo el poder económico y político de las clases oligárquicas que organizaron y pagaron el golpe militar y el ejército fascista y hoy siguen detentando el poder económico con el que dirigen la producción, la distribución de la riqueza, legislan las normas laborales y siguen manteniendo las diferencias económicas y políticas entre los hombres y las mujeres. Son los grandes consorcios internacionales los que deciden lo que se produce en España, y donde se vende, establecen los salarios, acumulan el capital y disponen los presupuestos militares que nos están arruinando. 

Noventa años después del 18 de julio de 1936, el salario de las mujeres llega a ser en según que sectores hasta el 30% más bajo que el de los hombres, las pensiones de jubilación femeninas no llegan al 50% de las masculinas, y las posibilidades de ascenso y promoción están aherrojadas para las mujeres, que deben dedicar los mejores años de su juventud no a prepararse para la vida activa y profesional sino a reproducir la especie, so pena de que esta se acabe. A la vez que cada año sumamos una media de noventa asesinadas por violencia machista y varios niños víctimas de la insania de sus padres.   

Cuando los hipócritas dirigentes democráticos que nos gobiernan aseguran que España ha superado mejor la crisis económica que otros países europeos, se guardan muy bien de darnos información de la vida de los parados, de la situación de las madres solas, del drama de conseguir una vivienda habitable con el ingreso de un salario, que sigue siendo, como en la dictadura, para vivir humillado miserablemente.

La izquierda inexistente, sus partidos, sindicatos, asociaciones y medios de comunicación no recuerda nunca que los trabajadores infravalorados en España son el número mayor de toda Europa, y que la cifra de parados españoles es el doble de la media europea. Ni mucho menos informan a la ciudadanía de que nuestra pertenencia a la Unión Europea significa que hemos liquidado todos los sectores de producción de alto valor añadido, como la siderometalurgia, la minería y los astilleros, y que ni siquiera nos quedan la agricultura y la ganadería.  Ya sabemos, y aceptamos, que somos solo un país turístico.   

La Universidad está hundida en la miseria, hacer un repaso a la indigencia cultural que padecemos exige otro artículo, y el informe PISA nos informa cada año de que nuestros estudiantes no saben leer ni matemáticas. Y únicamente el 15% de los hijos de obreros acceden a los estudios superiores.  

La corrupción de la clase dirigente llena el tiempo de los informativos televisivos, de la que no se salva ningún partido político. El poder judicial sigue siendo una casta que mantiene la misma ideología de los jueces fascistas y dicta resoluciones de acuerdo a ella, porque después de la muerte del dictador no se han expurgado ninguno de los poderes de las instituciones “democráticas”. Fraga Iribarne, el hombre de confianza de Franco murió siendo senador perpetuo. La hija del juez de Orden Público Mariscal de Gante fue miembra del poder judicial. Sufrimos la vergüenza de que un Calvo Sotelo fuera presidente del gobierno en 1981.

Hagan una investigación sobre las familias que imperan en nuestro país: en el poder legislativo, en la banca, en el poder judicial, en los sectores de producción más rentables. Desde hace noventa años se repiten los mismos apellidos.

Esta democracia de la que tanto presumimos tiene una ley electoral que impide que cualquier partido político pueda presentarse a las elecciones. Para ello es imprescindible disponer de unos recursos económicos que segregan a las organizaciones que no los tienen. 

Como colofón, de una lista de próceres que nos gobiernan, nos roban y nos engañan, señalemos al rey “demócrata” Juan Carlos I , cuyo currículum ha sido descrito con toda clase de datos por Carlos Enrique Bayo, en su último libro “El rey Golfo”, publicado por la editorial Akal, que sigue teniendo el título de rey emérito y se pasea por España cuando le conviene, a pesar de su exilio en Abu Dabi.

Cuando hace noventa años el pueblo español se enfrentó valientemente contra los militares fascistas, como ningún otro país europeo, no podía imaginarse que noventa años más tarde la situación de nuestro país sería la que acabo que describir.

Madrid, 14 de julio 2026.