Las medidas de emergencia del presidente del Gobierno

El  Presidente del Gobierno nos informó durante más de una hora de las medidas de seguridad y económicas que se van a adoptar para protegernos del corona virus y de la bancarrota. Medidas que en comparación con las aprobadas en Francia y en Italia parecen enormemente modestas. Y que están son más deseos que las realizaciones. Ni en el sector sanitario ni en el de la seguridad ni en el de asistencia social se están cumpliendo, y lo que es peor, parece imposible que se cumplan.  Los discursos retóricos y sensibleros, recitados muy cumplidamente ocultan la realidad.

La sanidad pública que tanto elogió Sánchez, repitiendo la consigna de que es la mejor del mundo y que se ha difundido tan bien que hasta buena parte de la ciudadanía se la cree, está desmontada desde los años de la crisis. No hay suficientes facultativos de ninguna especialidad, así como faltan auxiliares, enfermeras, cuidadoras, limpiadoras, personal de laboratorio, se han cerrado hospitales y desmontado plazas, y se ha traspasado la asistencia sanitaria al sector privado que es siempre el objetivo del Capital. En la actualidad el 60% de las plazas hospitalarias está en manos de las empresas privadas. Pero mientras algunos empresarios hoteleros ofrecen, no sé si altruistamente, sus habitaciones vacías para atender enfermos, ni el gobierno ni los partidos políticos se plantean intervenir las clínicas privadas.

El Presidente se limitó a decir que todos los bienes estaban al servicio del interés público, sin que se sepa concretamente qué significa esa pomposa declaración. Ni siquiera las formaciones de izquierda lo pidieron. Todos los partidos que constituyen el gobierno nos cantaron un coro de elogios a las medidas propuestas por Sánchez, en un ejercicio de adulación que no tiene ni antecedentes ni parangón. El representante del PCE reprochó a los gobiernos del PP la privatización de la sanidad pero obvió que el PSOE había propiciado ese mismo traspaso, ya que estando ahora coaligado con esa formación no se le pueden criticar las tropelías pasadas.

También se ha entregado a la empresa privada la gestión de las residencias de ancianos, de menores, las casas de acogida para mujeres maltratadas, las instalaciones para dependientes, que han aumentado exponencialmente la fortuna de los empresarios, que nunca habían ganado tanto con el sector servicios como desde que se implantó la democracia. Y que naturalmente obtienen beneficios escatimando gastos. De personal, de sueldos, de instalaciones.  Así, en una residencia de la Comunidad de Madrid han muerto 17 ancianos sin que se sepa en qué condiciones sobrevivían hasta ahora.

Esa pomposa declaración «al servicio del interés público» ha engañado a la mayoría de la población, porque lo que el gobierno y los diputados ocultaron es que está prohibido expropiar la empresa privada, según lo dispuesto en el  Artículo 33 de la Constitución Española que  «reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Y sólo por ley, que en todo caso deberá respetar el contenido esencial del derecho a la propiedad privada y a la herencia recogido en el artículo 33 de la Constitución Española, podrá regularse el ejercicio de este derecho fundamental (art. 53.1 de la Constitución Española).

Así mismo se prohíbe la adopción de Decretos-Leyes que afecten al derecho a la propiedad privada y a la herencia recogido en el artículo 33 de la Constitución Española (al igual que a cualquier otro derecho, deber o libertad recogida en el Título I de la Constitución), aún en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad en los que, para la regulación de otras materias, sí resulta procedente recurrir a los Decretos-leyes  (art. 86.1 de la Constitución Española). En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.

En definitiva, la expropiación de bienes privados está prohibida, incluso en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. Para proceder a ello, como sucedió con las empresas de RUMASA, hizo falta acusar y demostrar la comisión de graves delitos a Ruíz Mateos.

En este momento el sistema sanitario público está colapsado. Ni contestan los teléfonos de los médicos ni de las clínicas, y cuando se consigue hablar con alguien al otro extremo de la línea, que ni siquiera es facultativo, si el enfermo es menor de 60 años se limitan a decirle que tome Paracetamol. Incluso cuando la prueba da resultado positivo se le envía de regreso a su casa. En los hospitales faltan mascarillas y guantes y no digamos trajes protectores. Harían falta cientos de miles para que todos los sanitarios estuviesen protegidos. Se espera una extensión de varios millones de personas contagiadas.

Tampoco Sánchez explicó las medidas concretas que se proponen respecto a las mujeres maltratadas, aparte de una mención sensiblera, que todavía hay quien se la agradece.  Y tampoco ningún político de izquierda, incluyendo a la representante del PSOE, Adriana Lastra, hizo mención alguna a ese colectivo tan abandonado. Porque la llamada a ese famoso número 016 no suele ser atendida. O da señal de comunicar o no responde, y aún menos en estos tiempos del corona virus. Pero es que muchas veces será imposible para la víctima llamar desde la casa en la que está recluida en compañía de su verdugo, y la solución de salir a la calle y pedir ayuda será posible si el patriarca se lo permite. Pero aún en el mejor de los casos, ¿qué se propone hacer el sistema con la mujer que pide ayuda? ¿Tramitar la denuncia por teléfono y que espere los interminables tiempos de un proceso judicial? ¿O enviará un policía a la casa para redactar el atestado y amedrentar al delincuente, y que después se irá y dejará en la casa a la víctima y al maltratador a la espera de la citación judicial? ¿O se llevará a la víctima a una casa de acogida, cumpliendo el sistema en vigor por el cual se encierra a la amenazada y se deja en libertad al delincuente?

Supongo que nadie en este gobierno recién estrenado sabe qué hacer en esas circunstancias, ya que ni lo han estudiado anteriormente ni les importa, por más declaraciones feministas vacías de contenido que hayan hecho en sus campañas electorales y del que presumen en sus vídeos. Pero  sobre todo porque hay que cumplir lo mandado en la Ley Orgánica de Violencia de Género, del 28 de diciembre de 2004,  que impide tomar medidas más drásticas contra los maltratadores. Y que por supuesto no contempla la inversión de la carga de la prueba cuya petición  tanto escándalo causa a los maltratadores y a sus defensores.

Lo lamentable en la sesión parlamentaria del miércoles 18 de marzo fue que ni siquiera los diputados de izquierda –y todos fueron hombres menos Adriana Lastra- hicieron mención alguna a las condiciones en que se desarrollan los procesos de violencia, y por tanto a la indefensión de las víctimas, que viene de más lejos que de la pandemia.

Por supuesto, ninguno de los representantes parlamentarios, ni siquiera Adriana Lastra, pronunció una palabra sobre las mujeres prostituidas, a pesar de que existe una reclamación continuada en las RRSS de que se cierren los prostíbulos y se libere a las víctimas. Porque de la misma manera que no se pueden expropiar las clínicas privadas tampoco se pueden cerrar lupanares, casas de masaje, puticlubs ni carreteras donde las mujeres, encerradas o en mitad de la calle satisfacen las necesidades libidinosas de los machos españoles, ya que no existe ninguna legislación que lo contemple. Y lejos estamos que el Parlamento apruebe una ley de abolición a la que se oponen varios partidos del gobierno.

Tampoco supimos qué va a pasar con los «sin techo» porque no entraron en el discurso de Sánchez. Escenas de la televisión nos han enseñado a fuerzas del Ejército organizando enormes hangares donde dicen que albergarán a cientos de  personas, pero aparte de que la cifra se queda pequeña ante los tres mil que viven en la calle solo en Madrid, me pregunto, ¿y qué precauciones se podrán tomar contra la infección en un espacio en que los seres humanos están amontonados unos junto a otros? Dirán que esta es una situación de emergencia no prevista, pero indudablemente los sin techo conviven en las calles con la población acomodada, que apenas les dirige una mirada, desde hace muchos años. Y sospecho que esas medidas actuales de protección se implementan más que por proteger a la población sin vivienda por protegernos nosotros mismos, los bien pensantes y satisfechos ciudadanos y ciudadanos acomodados, del contagio que esa humanidad asquerosa nos pudiera producir.

Y mucho menos hemos sabido, a través de los planes del Presidente, qué va a suceder con los emigrantes encerrados sine dia  en esas cárceles medievales que son los CIES, sin atención sanitaria ni legal, en los que se incumplen todos los derechos humanos que tanto aseguran defender nuestros gobernantes y políticos. Ni tampoco se habló de los menores extranjeros que llegaron a nuestra tierra pidiendo asilo,  que se han escapado de las casas de acogida y que vagan por los parques y las calles de nuestras ciudades.

Esta situación de emergencia que estamos viviendo retratará detalladamente el estado de democracia de nuestro sistema político y reparto de la riqueza de nuestra sociedad, al margen de grandes y floridos discursos a los que la retórica parlamentaria de nuestras señorías nos tiene demasiado acostumbrados.

20 de marzo de 2020