El largo camino de la corrupción

Resulta enormemente decepcionante conocer la trama de corrupción incrustada en la dirección del PSOE, que llena las portadas de periódicos y las pantallas televisivas. Quizá algunos de los ingenuos y jóvenes afiliados al partido se pregunten desconsolados «¿cómo ha sido posible que este nido de embusteros, traidores, hipócritas, ladrones y aprovechados se haya instalado en un partido con 140 años de existencia y heroico recorrido, que presume de honrado y socialista?».

Como mi edad me ha permitido conocer el recorrido de ese ilustre partido en el último siglo, muestro mi escepticismo respecto a estar segura de la acrisolada honradez de los hombres que lo han dirigido durante ese casi siglo y medio. Sobre todo desde que la exitosa Transición instaló una democracia moderna en nuestro país. 

Consultados los archivos el resultado es bastante desolador.  

La lista de procesos que se han seguido por corrupción contra dirigentes del PSOE desde los años ochenta, es decir poco después de que volviera a gobernar al ser elegido en olor de multitudes Felipe González en 1982, es deprimente.

• Caso Flick: trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, próxima al SPD, (Partido socialdemócrata de Alemania) destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE. ​

• Caso KIO-Caso Urbanor: suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).

• Caso Wardbase, una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1900 millones de pesetas. ​

• Caso de los fondos reservados: desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior. ​

• Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. ​ Posteriormente fue desglosado en:

  • Caso Ave, cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla;​ a su vez desglosado en:

  • Caso Seat: pago de 175 millones de pesetas por parte de SEAT al PSOE, para la recalificación irregular de terrenos de SEAT, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito. ​

  • Otros 3 sumarios.

• Caso Osakidetza: en las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990 se detectó un «cambiazo» masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado cerca de 50.000 aspirantes. Por su presunta relación con este caso fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en posiciones de responsabilidad. ​

• Caso Cesid: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.

• Operación Mengele: presunto secuestro y experimentación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General. ​

• Caso Guerra: juicios a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones, ​ de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país en muchos años.

• Caso Ibercorp: especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. ​

• Caso Urbanor: una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiencia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa. ​

• Caso Urralburu: una trama de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991. Urralburu, fue procesado y condenado junto al ex consejero Antonio Aragón.

• Caso Cementerio: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete, primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, exmiembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. Referencias en la Biblioteca de documentos sobre el Cementerio de la Almudena. ​ En Prensa. ​ Última sentencia del supremo. ​ IU UPyD y PSOE en vídeos y La Plataforma PRO CEMENTERIOS MUNICIPALES denuncian el abandono del patrimonio.

• Caso Godó: escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por exagentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.

• Caso Salanueva: Detención de la exdirectora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.

• Caso Expo’92: cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Fue archivada por el juez Garzón tras siete años de instrucción. ​

• Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado.

• Caso Paesa, vinculado al anterior.

• Caso Banesto: un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba. Y en el que aparte del director general Mario Conde llegó a estar implicado el rey Juan Carlos I.   

• Caso Palomino: el cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó. Posteriormente, una investigación le vinculó con la mala calidad de las rejas de la cárcel de Sevilla 1.​

• Caso GAL: creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el «señor X», el dirigente del entramado GAL.

• Petromocho: fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.

• Caso PSV: fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.

Los militantes honrados del PSOE que quieran consolarse pueden consultar la lista de procesos por corrupción que se han seguido contra Convergencia y Unió y el PP.

Los que no tenemos consuelo somos los españoles que hemos pagado esa larga lista de mordidas, comisiones, acuerdos delictivos y hasta asesinatos que jalonan los gobiernos democráticos después de la dictadura.

Lidia Falcón