En el presente informe, la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 investiga la maquinaria corporativa que sostiene el proyecto colonizador israelí de desplazamiento y reemplazo de los palestinos en el territorio ocupado. Mientras los líderes políticos y los gobiernos evitan sus obligaciones, demasiadas entidades corporativas han obtenido beneficios de la economía israelí de ocupación ilegal, apartheid y ahora genocidio. La complicidad revelada en el informe es solo la punta del iceberg; terminar con ella no será posible sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos. El derecho internacional reconoce distintos grados de responsabilidad -cada uno requiriendo escrutinio y rendición de cuentas, especialmente en este caso, donde está en juego la autodeterminación y hasta la existencia misma de un pueblo. Este es un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema global que lo ha permitido.