El 15 de noviembre, se celebró en el Parlamento valenciano un debate sobre la respuesta gubernamental ante la tragedia que ha ocasionado la DANA del 29 de octubre de 2024 sobre la Comunidad Valenciana. Veinte días después de la tormenta se estiman en más de 200 las víctimas mortales, con todavía 17 desaparecidos y los destrozos son incalculables.
El debate tenía que centrarse en la conducta del gobierno valenciano ante semejante tragedia. En la semana anterior, todas las televisiones informaron de la proximidad de una DANA superior a todas las sufridas anteriormente. El Servicio de Meteorología enviaba diariamente las imágenes que se iban formando y aproximándose a la península. A las 7 de la mañana del día 2 el Servicio envió la advertencia al gobierno valenciano de que la región se encontraba en alerta roja y hasta las 8 de la tarde no se informó a la ciudadanía valenciana, mediante comunicado en el móvil, de la urgencia con que debían protegerse. Ya estaban descargándose los torrentes de agua que arrastraban el barro, las casas, los animales, los automóviles, los puentes, las carreteras, y las personas. Mientras tanto, el presidente de la Comunidad comía tranquilamente con una periodista, muy guapa, para que dirigiera la televisión valenciana. Que ya se sabe que los políticos no pueden organizar ni tomar ninguna decisión sin comer.
Este desastre se produce después de que los gobiernos del Partido Popular hayan demostrado en los últimos 20 años su incapacidad para gobernar, y sobre todo para proteger a la población sobre la que detentan su poder.
Un rápido repaso al calendario nos informa que:
El 19 de noviembre de 2002, el buque petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de crudo de petróleo, se partió en dos y se hundió frente a las costas de Galicia después de 6 días de agonía. Una tormenta había provocado una vía de agua el 13 de noviembre. El Presidente del Gobierno, entonces del PP, Mariano Rajoy, se atrevió a salir en la televisión para decirnos que caían cuatro hilitos de una sustancia viscosa. La catástrofe contaminó la costa de Galicia, de Portugal, de Asturias y del País Vasco y llegó hasta Francia, afectando a más de mil playas. La limpieza del mar y de las playas costó 2.500 millones de euros de daños y una indemnización pendiente. El juicio del Prestige se alargó durante 400 horas en 89 sesiones. La sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña se saldó en 2013 sin culpables.
Los atentados del 11 de marzo de 2004, fueron una serie de ataques terroristas producidos en España en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas aquel día. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco en la localidad de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron, matando en la explosión a un policía de élite, con lo que el cómputo global de los atentados ascendió a 193 fallecidos. Es el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa, por detrás del de Lockerbie de 1988. En la misma mañana de los atentados, cuando todavía no se habían desescombrado los restos de los trenes, el presidente del gobierno, José María Aznar, ilustre miembro del Partido Popular, aseguró en la radio que los autores eran militantes de ETA. Durante los dos años anteriores, todos los departamentos de los servicios de inteligencia y seguridad españoles habían estado alertando al gobierno de que España era objetivo de los grupos islámicos por su participación en la guerra de Irak, en la que se empeñó José María Aznar en tomar parte, para igualarse en importancia y prestigio internacional con Estados Unidos y el Reino Unido. La polémica que organizó el Partido Popular para coaccionar a los medios de comunicación a fin de que publicaran que era ETA la autora de los atentados, ante la amenaza de que en las elecciones que se celebraron tres días después, los votantes no ratificaran el gobierno de Aznar, ha durado varios años, incluso después de que las sentencias judiciales determinaran quienes eran los terroristas y explicaran, con todo detalle, los prolegómenos y las formas de actuación de los criminales.
Como consecuencia de un terremoto en la ciudad y provincia de Lorca (Murcia)se vieron destruidos los edificios públicos, las viviendas y el patrimonio histórico. Las zonas más afectadas han sido el barrio de La Viña, considerada zona cero del seísmo, y el casco histórico, donde muchas casas solariegas conservan solo su fachada. También han sido dañados los comercios, ya que las tabiquerías de los bajos de los edificios, en general, han sido casi destruidas. Se calcula que un 80 % de las viviendas resultaron afectadas, teniendo algunas que ser demolidas en los meses posteriores. A principios de septiembre, acabado el plazo establecido en el Real Decreto Ley para derribar viviendas en ruina, el número de viviendas demolidas fue de 1.164, además de 45 naves y un número indeterminado de otras construcciones.
En Barcelona, sobre las 16.50 horas de la tarde del día 17 de agosto de 2017, una furgoneta que circulaba a gran velocidad atropelló a las personas que se encontraban en la zona peatonal de las Ramblas, en el tramo existente entre las estaciones de metro de Ramblas y Liceo. El conductor, que no estaba armado, abandonó el vehículo y huyó.
Posteriormente, a las 01.53 horas, una dotación de los Mossos d’Esquadra que se encontró realizando un control en el Paseo Marítimo de la localidad de Cambrils (Tarragona), fue arrollada por un vehículo con cinco ocupantes, que atropelló a varias personas que estaban en la zona así como a un agente de la policía autonómica.
El grupo terrorista Daesh reivindicó la autoría del ataque, a través de la agencia de noticias Amaq, afín a grupos yihadistas.
En la investigación se conoció que el imán de Ripoll -un pueblo de la provincia de Barcelona- que estaba haciendo campaña yihadista entre los fieles de su iglesia para que unieran a los grupos terroristas, había tenido contactos con el CNI que lo consideraba un confidente. El gobierno de Mariano Rajoy no lo tenía vigilado.
En la madrugada del sábado 11 de septiembre de 2021 comenzó un nuevo enjambre sísmico de baja intensidad en el sur de la isla de La Palma, en Canarias. Hasta el domingo fueron 31 movimientos sísmicos, con magnitudes que oscilaron entre 0,8 y 2 en la escala mbLg.
El lunes 13 se alcanzaron los 1500 movimientos sísmicos en la zona del parque natural de Cumbre Vieja, en los municipios de Fuencaliente, Mazo y El Paso, lo que llevó a activar la alerta de color amarillo (nivel de alerta 2 en una escala de 4) en el Plan Especial de Protección Civil y Atención a Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca), por parte del Gobierno de Canarias.
Durante el 19 de septiembre se registraron 327 terremotos, destacando el sismo de 3,8 mbLg ocurrido a las 11:16 (hora local), ampliamente sentido en la isla y con profundidad de 2 km.24 Poco después, se produjo uno de 3,1 mbLg. Desde el inicio de la actividad sísmica, se constató que la deformación de la isla debida a la presión que el magma ejerce sobre la corteza terrestre había hecho elevarse la zona de la posible erupción hasta en torno a unos 15 centímetros.
A pesar de esta situación, no se aumentaron las medidas de precaución, y solo se decidió por parte del Cabildo de La Palma comenzar la evacuación de al menos 40 personas con movilidad reducida y parte del ganado presente en la zona.8
Después de más de 25. 000 pequeños terremotos que azotaron la isla durante ocho días, a las 15:10 se inició la erupción en un paraje denominado Cabeza de Vaca, en el lugar de Las Manchas, municipio de El Paso. Los afectados que han perdido la casa, el negocio, las tierras de labranza, el ganado, las carreteras caminos y pasos entre los pueblos, pasaron de una casita con huerta, jardín y animales domésticos “”a vivir como sardinas en lata en contenedores marítimos convertidos en infraviviendas, que a día de hoy son la mejor imagen del daño moral que hemos sufrido todos”, recogen los miembros de la plataforma en un comunicado. Tres años después de la erupción, miles de palmeros siguen viviendo en contenedores, y no tienen fecha de entrega de las casas que les concedieron en un contrato que extiende hasta 7 años su cumplimiento.
Y el 29 de octubre de 2024 se desencadenó la DANA sobre el sufrido pueblo valenciano.
Después de este resumen de las catástrofes ambientales y la destrucción consiguiente, que se han producido en España desde el año 2004, bajo los gobiernos del Partido Popular, tanto nacionales como autonómicos, sin protección previa alguna y sin que varios años después se hayan reparado totalmente los daños y proporcionado vivienda y medios de vida a las víctimas, en las elecciones autonómicas del 2023 el pueblo valenciano votó al Partido Popular con un entusiasmo desconocido para la región que había elegido numerosas veces al Partido Socialista, y ha sido la última que se mantuvo republicana ante la ofensiva destructora de las tropas fascistas en 1939.
Me parece fundamental que los partidos de izquierda, si siguen existiendo, reflexionen seriamente sobre las causas de este cambio de tendencia política en las masas populares, después de los años de gobierno que han ostentado. Por una vez sería provechoso que hicieran una autocrítica de su ya largo periodo de dirección de la política nacional y autonómica. Y se propusieran seriamente organizarse y unirse en un interés común: el suyo y el de la ciudadanía que sufre las consecuencias de los desastrosos vaivenes de los resultados electorales.
