Marruecos manda y España obedece

La soberanía de España y la autoridad e independencia de nuestro gobierno elegido por la ciudadanía son una ficción.

Marruecos, siguiendo imperturbable su propósito de anexionarse definitivamente el Sáhara, ha aprobado en su Cámara de Representantes -esa ficción de democracia que pretende encubrir la dictadura de la monarquía alauita- que sus aguas territoriales incluyen las del Sáhara e incluso las de las islas Canarias. Y en nuestro país apenas se ha movido una ceja de los ilustres gobernantes de izquierdas.

Ana Oramas, la veterana representante de Coalición Canaria, que conoce bien los entresijos y la burocracia de ese Congreso de los Diputados cuyo reglamento se pensó y redactó para que las intervenciones de los parlamentarios de la oposición no molesten demasiado al gobierno, presentó el 5 de febrero una pregunta sobre tal decisión de Marruecos que afecta directamente a Canarias. La pregunta tenía que haberse  respondido el miércoles 12 de febrero. Pues bien, cuando estaban entrando en el hemiciclo los cientos de diputados y diputadas que componen la Cámara, con mucha parsimonia, entretenidos en sus conversaciones mutuas, llamadas de teléfonos móviles, chascarrillos y consultas, la ilustre Presidenta del Congreso,  también bragada en esas lides, dice por el micrófono, en tono bajo e indiferente, que según la autoriza el artículo 68 del Reglamento de la Cámara ha decidido retirar la pregunta sobre la decisión de Marruecos respecto a sus aguas territoriales, y entredientes pregunta si sus señorías están de acuerdo. Sus señorías, de espaldas a la Presidencia, en aquel momento están subiendo las escaleras para llegar a sus escaños, se ríen de sus mutuos chistes, hablan por teléfono y ninguna escucha la pregunta de Maritxel Batet y por tanto nadie contesta. Ésta, muy rápida y hábilmente afirma que puesto que todo el mundo está de acuerdo queda retirada la pregunta de Coalición Canaria. Y de tal modo se ha cumplido el reglamento y la democracia.

No sé si sorprenderá mucho a la ciudadanía este proceder, tan escéptica y desilusionada como está ante la conducta de sus representantes, lo que ha inducido a una parte no desdeñable de los votantes a optar por formaciones de extrema derecha que les prometen formalidad y mano dura, que añoran los nostálgicos de la dictadura. Pero sí desconcierta, por lo menos a mí, comprobar que Ana Oramas no estaba en el hemiciclo cuando Meritxel Batet planteó la cuestión a la Cámara para manifestar su desacuerdo con la decisión de eliminar la pregunta que ella había planteado, y  lo que es todavía más sorprendente, no se ha manifestado tampoco disgustada ni incómoda por ello después. Ni en las redes sociales que frecuenta ni en los medios de comunicación.

Que Marruecos ocupa parte del Sáhara Occidental tras la marcha verde de 1975, la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid, y la interrupción del proceso de descolonización y abandono de España, y que continuamente va dando pasos, que son más bien zancadas, hacia la anexión definitiva del Sáhara para apropiarse de su territorio, de sus yacimientos de fosfatos y de sus caladeros de pesca, muy deseables, no es un secreto para nadie. Para lograr estos propósitos la monarquía alauita persigue ferozmente a todo disidente, encarcela a periodistas y  políticos, disuelve violentamente manifestaciones, concentraciones y campamentos de los saharauis y si es preciso dispara contra los activistas, caiga quien caiga. Con total impunidad.

Los medios de comunicación, que no están totalmente controlados por el Departamento de Estado de EEUU, informan a veces tímidamente de esas atrocidades sin que la conciencia democrática de nuestros gobernantes y sociedades europeas se estremezca un ápice. Esa Unión Europea, ejemplo de todos los avances democráticos,  no reconoce la soberanía de Marruecos en el Sáhara, en una hipócrita declaración que no tiene eficacia alguna en la realidad.

Pero es que el Reino de Marruecos gobierna férreamente  un país que mantiene un reparto de la riqueza feudal, que sujeta a la mujer a las normas coránicas y condena a millones de trabajadores y jóvenes a la pobreza y a un paro estructural que  obliga a miles de personas a huir del país cada año, arriesgando la vida en las turbulencias de nuestro Estrecho. Con una población de 34 millones de habitantes para un territorio muy similar al de España, Marruecos es un actor estratégico importante tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea.

EEUU convirtió al reino de Marruecos en socio preferente de la OTAN para que le garantizara su dominio en el Mediterráneo y vigilara el Estrecho de Gibraltar. Y la Unión Europea, ese contubernio de grandes corporaciones y capitales gobernado por los políticos a su servicio, asiente a todas las imposiciones del imperio, y siente el aliento en la nuca de las amenazas del rey alauita. Éste promete, a cambio de prebendas, dinero y privilegios, un cierto control sobre la emigración desbocada de los jóvenes que huyen de la pobreza, el atraso y la represión de que son víctimas en su país hacia otros con más oportunidades. El primero de los que se encuentran en su peregrinaje es España.

Estamos conmemorando el sexto aniversario de la matanza de la playa de El Tarajal, el 6 de febrero de 2014, cuando un operativo de 56 agentes de  la Guardia Civil disparó 145 balas de goma y cinco botes de humo contra unos muchachos subsaharianos que intentaban eludir a nado el dique que separa Ceuta de Marruecos para entrar en España, con el resultado de que quince de ellos se ahogaron. 23 que lograron llegar a Ceuta fueron devueltos inmediatamente a Marruecos, en la operación que se denomina «devoluciones en caliente».

Para acabar de demostrar cómo defiende los Derechos humanos esta Unión Europea de la que tan orgullosamente formamos parte, hoy, 13 de febrero de 2020, la Gran Sala del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es la suprema instancia judicial de esta democrática UE, ha avalado las devoluciones en caliente en la frontera española y con ello anula su condena a España de 2017 por estas prácticas. El Tribunal considera que los migrantes denunciantes «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad al intentar entrar deliberadamente en España por la valla de Melilla».   Ya se sabe que los ilegales son los seres humanos.

Todos los gobiernos españoles, desde la dictadura a la democracia, se han rendido al chantaje de Marruecos. Si esta España desarrollada y rica no quiere que miles de emigrantes arriben continuamente a sus costas – y hay que ver cuánto deben reproducirse las mujeres marroquíes para que no quede totalmente despoblado el país- , si pretende que el reino alauita nos ceda el uso de los caladeros de pesca del Atlántico, muchos de los cuales ni siquiera son de su soberanía ya que pertenecen al Sáhara, y que siga siendo el centinela de las costas  mediterráneas y fiel aliado de la OTAN, hemos de pasar por sus horcas caudinas. De la competencia desleal que realiza Marruecos en las exportaciones de tomates, cuando los campesinos españoles están desesperados por las pérdidas que les ocasiona seguir cultivando la tierra, hablaremos en otro artículo.

Los gobiernos y los monarcas del reino de España, y ya conocemos la estrecha amistad y cariño que une a nuestros reyes con los marroquíes, aceptan sumisamente las condiciones de Mohamed VI: ni apoyo a las reivindicaciones saharauis, a pesar de nuestra responsabilidad en su abandono, ni denuncia de las infames condiciones en que se hallan tanto las masas trabajadoras como los presos políticos y sociales ni la implantación en el país de una verdadera democracia ni, por supuesto, reclamar la igualdad para las mujeres.

Y ahora, para más humillación y pérdida de nuestra soberanía aceptaremos que Marruecos se apropie de las aguas canarias.

14 de febrero de 2020