La violencia contra la mujer: arma del patriarcado y el capital

La realidad es tozuda. Las mujeres están atrapadas en una espiral de opresión de la que resulta casi imposible escapar: cada vez que parece vislumbrarse una salida, las estructuras de dominación las devuelven al mismo punto de partida, aunque ahora con una vuelta más de violencia y silenciamiento.

Durante siglos, las costumbres se han convertido en leyes, y esas leyes -aunque cambien su forma- han mantenido intacta su función: preservar un orden social que otorga privilegios al hombre por el mero hecho de serlo. No se trata solo de prejuicios individuales, sino de un sistema -el patriarcado- profundamente entrelazado con las lógicas del capitalismo, que necesita de la subordinación de las mujeres para reproducir la fuerza de trabajo a bajo costo y garantizar la reproducción social sin remuneración.

Como escribió Alexandra Kollontai, pionera del feminismo socialista:

«La liberación de la mujer no puede lograrse dentro del marco de la sociedad burguesa. Mientras la mujer esté atada al hogar y al cuidado privado, no será libre».

Hoy, desde ciertos sectores de la sociedad, se niega incluso la existencia material del sexo, en una maniobra que, bajo el pretexto del progresismo, vacía de contenido político la categoría “mujer”. Y sin embargo, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) siguen hablando de “violencia de género”, porque decir “violencia machista” incomoda a quienes se benefician del silencio. Pero si no se puede nombrar qué es una mujer -si se disuelve su realidad material en una nebulosa identitaria-, entonces tampoco se puede nombrar al agresor ni al sistema que lo protege. Y lo que no se nombra, efectivamente, deja de existir políticamente.

La OMS afirma:

“La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”.

Sin embargo, evita nombrar explícitamente que esa “pareja” es un hombre. No se trata de un detalle semántico, sino de una omisión política. Porque no son las “parejas” en abstracto las que ejercen la violencia, sino los hombres, en tanto sujetos socializados en una cultura machista que les otorga derecho sobre las vidas de las mujeres.

Y no solo las parejas o exparejas asesinan a mujeres: también lo hacen vecinos, familiares, militares, extraños. La violencia sexual y física no conoce fronteras de intimidad; responde, más bien, a una lógica de posesión y dominio que atraviesa toda la sociedad. Como señaló Lidia Falcón, fundadora del feminismo de clase en España:

«La violencia contra las mujeres no es un acto aislado, sino la expresión cotidiana del poder masculino institucionalizado».

El cuerpo de la mujer ha sido históricamente tratado como un recurso explotable: primero para la reproducción de la fuerza de trabajo, luego como objeto de consumo y, finalmente, como blanco de la violencia que refuerza la jerarquía por razón de sexo.

Las cifras de la OMS son elocuentes:

“Alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo (30%) ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayor parte de las veces, el agresor es la pareja”.

Pero estas estadísticas solo reflejan los casos denunciados. La verdadera magnitud de la violencia machista es mucho mayor, y su raíz no es individual, sino sistémica. Lo crucial es reconocer que esta violencia no es un residuo arcaico, sino una herramienta funcional al capitalismo: mantiene a las mujeres en una posición subordinada, las confina al ámbito doméstico sin salario, y las hace más vulnerables a la precarización laboral y al control social.

Clara Zetkin, dirigente comunista y precursora del Día Internacional de la Mujer, advertía ya en 1910:

«El socialismo es la única garantía de la emancipación completa de la mujer. Sin la abolición de la propiedad privada y la explotación, la igualdad seguirá siendo una ilusión».

Incluso los hombres sufren violencia -sobre todo entre sí-, pero esa violencia responde a una lógica distinta: la del control entre pares dentro de una jerarquía patriarcal, no la de la dominación por razón de sexo. En cambio, la violencia contra la mujer es estructural, porque está institucionalizada: las leyes, el sistema judicial, la policía y hasta los servicios de salud a menudo minimizan, ignoran o revictimizan. No se trata de mera negligencia; es la expresión de un orden que no tiene interés real en desmantelar las bases del patriarcado, porque ese orden sostiene también al capitalismo.

La OMS también señala que la violencia afecta la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Pero esto no es solo una cuestión médica: es una consecuencia directa de un sistema que no solo permite la violencia, sino que la reproduce. Una mujer maltratada no solo sufre en su cuerpo, sino que se ve impedida de ejercer su autonomía, de cuidar de su descendencia, de participar plenamente en la vida pública. Y eso, lejos de ser un “problema privado”, es un mecanismo de exclusión social y económica.

Rosa Luxemburgo, en su combate contra la barbarie capitalista, escribió:

«La verdadera libertad no es posible mientras una parte de la humanidad sea tratada como medio y no como fin».

Desde el Partido Feminista de España, entendemos que no hay liberación de la mujer sin transformación radical de las condiciones materiales que sostienen su opresión. No basta con campañas de sensibilización ni con protocolos sanitarios si no se cuestiona el sistema que convierte a la mujer en sujeto de explotación y violencia. La violencia machista no desaparecerá mientras persista la división sexual del trabajo, mientras el cuidado siga siendo invisible y gratuito, y mientras el Estado siga protegiendo los intereses de una clase dominante que se beneficia de la subordinación de la mujer.

Por eso, nombrar al agresor -el hombre, como sujeto político dentro de una estructura patriarcal- no es un acto de odio, sino un paso necesario para hacer visible lo que el sistema intenta ocultar. Porque lo que no se nombra no se puede erradicar. Y eliminar esta estructura es, precisamente, lo que necesitamos.

Cuando la “prevención” sirve para mantener el orden

La OMS propone concienciación, formación, datos… pero omite lo esencial: cuestionar el poder. Como decía Kollontai,

«No basta con que las mujeres trabajen fuera del hogar si siguen cargando solas con la doble jornada. La verdadera emancipación exige la socialización del cuidado».

Las medidas propuestas no tocan ni la propiedad, ni la familia burguesa, ni la militarización de la masculinidad. Tratan los síntomas, no el virus.

No se trata de ser “iguales”, sino de dejar de ser explotadas

La igualdad formal es una trampa burguesa. Como señala Lidia Falcón:

«No queremos igualdad con el opresor, queremos abolir la opresión».

En una sociedad comunista, la justicia no se mide por tratar igual a desiguales, sino por eliminar las desigualdades en su raíz material. Eso significa:

• Abolir la división sexual del trabajo, socializando el cuidado.

• Remunerar el trabajo reproductivo como parte esencial de la reproducción de la vida.

• Construir redes de solidaridad de clase, porque la protección no puede depender de la caridad, sino de la organización colectiva.

Como proclamó Kollontai:

«El comunismo no es solo una nueva forma de producción, sino una nueva forma de amor, de familia y de vida en común».

No son “monstruos”: son hombres formados por el patriarcado

La violencia masculina no es patológica: es política. El sistema no previene porque le conviene.

Prohibir la pornografía y abolir la prostitución no es censura: es, como defiende el PFE, una medida de justicia material:

«No se puede hablar de libertad sexual mientras el cuerpo de la mujer sea mercancía». Lidia Falcón.

Propuestas integrales contra la violencia machista

«Las leyes no cambian la sociedad. Solo la lucha organizada de las oprimidas puede hacerlo». Clara Zetkin.

1. Medidas urgentes de protección inmediata

• Detención automática del presunto agresor durante las 72 horas constitucionales tras una denuncia.

• Orden judicial inmediata de separación: el denunciado debe abandonar el domicilio común.

• Emisión obligatoria de órdenes de alejamiento o protección desde el momento de la denuncia, en casos con indicios de agresión física, psicológica o amenazas.

• Vigilancia activa del cumplimiento de estas órdenes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

2. Reforma procesal y judicial

• Inversión de la carga de la prueba: la palabra de la víctima prevalece; es el acusado quien debe demostrar su inocencia.

• Separación física entre víctima y agresor en todas las fases procesales (declaraciones, juicios).

• Grabación audiovisual obligatoria de todo el proceso judicial, desde la denuncia hasta la vista oral.

• Participación obligatoria del mismo fiscal en la instrucción y en la vista oral.

• Suspensión automática del régimen de visitas en casos de denuncias por abuso sexual contra menores.

• Ingreso en prisión preventiva como medida cautelar prioritaria cuando exista riesgo para la víctima, incluso si la pena es menor a dos años.

• Tipificación del maltrato machista como terrorismo machista, incluyendo la apología del terrorismo machista como delito.

3. Responsabilidad institucional

• Régimen de responsabilidad para jueces, fiscales, agentes de policía, forenses y trabajadores sociales que incumplan su deber de protección.

• Concesión de la condición de testigo protegido a quienes declaren en causas por violencia machista.

• Supresión automática de toda comunicación entre agresor y víctimas (mujer e hijos).

4. Fortalecimiento institucional

• Creación de unidades especializadas de vigilancia del cumplimiento de órdenes de alejamiento, en coordinación con asociaciones feministas con experiencia en el ámbito.

• Dotación suficiente de personal policial, judicial y técnico en todos los niveles del sistema de respuesta.

• Aumento del número de juzgados especializados y formación obligatoria, acreditada y continua en perspectiva feminista para jueces, fiscales y personal de la administración de justicia.

5. Formación obligatoria en todos los sectores clave

• Sanidad y servicios sociales: formación específica para médicos, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en violencia machista.

• Educación:

  • Formación feminista obligatoria para todo el profesorado, desde la formación inicial hasta la permanente.

  • Inclusión transversal del análisis de la desigualdad entre mujeres y hombres en ESO y Bachillerato.

  • Materias obligatorias sobre violencia contra las mujeres en titulaciones universitarias clave (Derecho, Educación, Comunicación, etc.).

6. Comunicación y datos veraces

• Formación especializada para periodistas y medios de comunicación en tratamiento responsable de la violencia machista.

• Elaboración y publicación de estadísticas oficiales fiables, incluyendo un registro estatal de feminicidios, en diálogo constante con asociaciones de mujeres y observatorios independientes.