La Unión de Ahorro e Inversión (SIU)

¿Oportunidad o Transferencia de Riesgo?

Una lectura desde la Teoría Monetaria Moderna

La Unión de Ahorro e Inversión (Savings and Investments Union, SIU) es la apuesta estrella de la Comisión Europea para movilizar los cerca de 10 billones de euros que los hogares europeos mantienen en depósitos bancarios. El objetivo declarado es canalizar esos recursos hacia la transición ecológica, la digitalización, la defensa y la innovación tecnológica. Sin embargo, esta iniciativa no responde a una necesidad económica objetiva, sino a una decisión política que redefine quién asume el riesgo y quién se beneficia de la inversión en el futuro de Europa.

Soberanía monetaria: el elefante en la habitación

Un Estado emisor de su propia moneda no tiene restricciones financieras para gastar: puede crear el dinero necesario para financiar el pleno empleo y las inversiones estratégicas, siempre que existan recursos reales disponibles. El límite no es fiscal, sino inflacionario.

En la eurozona, los Estados miembros han cedido su soberanía monetaria al Banco Central Europeo (BCE). Es cierto que, en la práctica operativa diaria, los Estados de la eurozona sí crean dinero en el momento de ejecutar sus presupuestos generales: cuando el Tesoro ordena un pago a un proveedor o a un funcionario, el banco central nacional acredita esa cuenta y el dinero aparece en el sistema. El proceso contable es idéntico al de un país soberano.

La diferencia radical es que los Estados de la eurozona no tienen soberanía para hacerlo sin el permiso tácito del BCE. Este puede negarse a proporcionar la liquidez necesaria, imponer condiciones o considerar que esa creación de dinero es excesiva. Un país soberano no tiene ese límite: su banco central debe proporcionar la liquidez que el gobierno solicite. El euro creó una moneda sin una autoridad fiscal unificada, dejando a los Estados responsables del bienestar social sin soberanía monetaria.

No obstante, la propia UE, a través del BCE, sí actúa como emisor de la moneda común. El BCE puede crear euros sin límite nominal, como ha demostrado con sus programas de compra de activos. Por tanto, la UE tiene capacidad monetaria para financiar directamente las inversiones estratégicas que hoy se pretenden sufragar con el ahorro privado. La pregunta no es si puede, sino por qué elige no hacerlo. Y esa elección es ideológica y política, no una necesidad técnica.

El espejismo de la «paradoja europea»

La narrativa oficial insiste en que Europa ahorra mucho pero invierte poco, y que ese ahorro está «durmiente» en cuentas corrientes. La SIU se presenta como la solución para despertar esos fondos y ponerlos al servicio de la economía real.

Esta argumentación es falaz. El ahorro privado no es un requisito previo para la inversión pública: el Estado puede financiar la inversión creando dinero o emitiendo deuda, sin necesidad de captar el ahorro de los hogares. La verdadera función del ahorro privado en el sistema actual es proporcionar un colchón al sector financiero y permitir que los bancos privados obtengan liquidez y rentabilidad. Es para ellos una fuente de financiación estable y barata que apuntala su solvencia.

La ironía es que ese colchón se genera por la propia actividad del Estado. El ahorro privado no es fruto de la austeridad o del ahorro previo, sino del hecho de que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Al capturarlo, los bancos obtienen un pasivo barato que les permite apalancar su negocio y obtener beneficios, al tiempo que ofrecen a los ciudadanos un lugar para resguardar el dinero que el propio Estado ha puesto en circulación.

La SIU, lejos de ser una solución, perpetúa la dependencia del ahorro ciudadano para financiar proyectos que podrían ser sufragados con recursos públicos sin coste de intermediación.

Traslado del riesgo: de la colectividad al individuo

Uno de los pilares de la SIU es que los ciudadanos asuman el riesgo de pérdida en sus inversiones. A diferencia de los depósitos bancarios, garantizados hasta 100.000 € por el Fondo de Garantía de Depósitos, los productos de inversión promovidos (ETFs, fondos indexados, etc.) no cuentan con protección pública. La propia normativa exige una advertencia explícita: «puede perder dinero».

Esto supone una privatización de los riesgos y una socialización de los objetivos. La UE establece metas ambiciosas —transición energética, autonomía estratégica— pero descarga en los ahorradores la incertidumbre de los mercados. Si una empresa financiada con estos fondos quiebra, el perdedor es el ciudadano, no el Estado ni el BCE. Si el proyecto tiene éxito, los beneficios se reparten entre los intermediarios y accionistas, no entre los contribuyentes que asumieron el riesgo.

Comisiones e intermediación: un coste oculto millonario

La SIU no elimina la intermediación, sino que la institucionaliza. Los bancos, gestoras de activos y asesores financieros serán los encargados de gestionar las nuevas Cuentas de Ahorro e Inversión (SIA), y lo harán a cambio de comisiones. La propia Comisión Europea ha reconocido que los costes de inversión en la UE son hasta un 66% superiores a los de Estados Unidos.

En un escenario de financiación pública directa, estos costes desaparecerían. El BCE podría prestar a tipo cero o incluso negativo a los proyectos estratégicos, o la Comisión podría emitir deuda pública sin recurrir a intermediarios privados. En cambio, la SIU garantiza que el sector financiero obtenga un flujo constante de ingresos por comisiones, lo que supone una transferencia de riqueza desde los ahorradores hacia la industria financiera.

Asimetría informativa y captura regulatoria

La ciudadanía que traslade sus ahorros a los productos de la SIU delegará la gestión en entidades privadas. Aunque la normativa exige transparencia —indicadores de riesgo del 1 al 7, folletos informativos claros y advertencias explícitas de pérdida—, la realidad es que los pequeños inversores carecen tanto de la información suficiente como de la capacidad técnica y de supervisión para evaluar adecuadamente las decisiones de sus gestores. Esto crea una asimetría estructural que favorece sistemáticamente a los intermediarios financieros.

En la práctica, estos productos se perfilan como las nuevas «preferentes», pero con una diferencia clave: los intermediarios cuentan con un blindaje legal que les exime de responsabilidad. El ciudadano que confíe en los consejos de su director o directora de banco y pierda los ahorros de toda una vida no podrá reclamar ni denunciar con éxito, al haber firmado un documento que le advertía del riesgo. El riesgo se privatiza, la responsabilidad se diluye y el ahorrador queda desprotegido frente a un sistema diseñado para proteger a quien gestiona, no a quien ahorra.

El control democrático del gasto público debe ser superior al control de mercado. Cuando el Estado financia directamente una inversión, existe escrutinio público y parlamentario. Cuando el ahorro privado financia proyectos, las decisiones recaen en gestores de fondos que responden ante sus accionistas, no ante los ciudadanos. La SIU desplaza la soberanía sobre el destino del ahorro desde la esfera pública a la privada.

Además, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza son amplios y dejan margen a la interpretación, lo que facilita el amiguismo y la falta de rendición de cuentas. La historia reciente, como el escándalo de las preferentes en España, muestra que los mecanismos de supervisión privada son frágiles y a menudo capturados por los grandes grupos financieros. La inversión pública, en cambio, debe ser transparente, auditada y sometida a control democrático.

La alternativa: financiación pública directa

La respuesta a los desafíos estratégicos de Europa no pasa por captar el ahorro de los hogares, sino por:

• Emitir deuda pública común por parte de la UE, como se hizo con Next Generation EU, pero de forma permanente y no solo para emergencias.

• Conceder préstamos directos del BCE a tipo cero o incluso negativo para proyectos de transición ecológica, digitalización, defensa e infraestructuras.

• Crear un banco público europeo que canalice esos fondos sin intermediación privada, reduciendo costes y garantizando el control democrático.

• Aplicar impuestos a la riqueza y a las grandes corporaciones para absorber el exceso de liquidez y controlar la inflación, en lugar de recurrir al ahorro popular.

Este enfoque no solo sería más eficiente al eliminar comisiones, sino más justo al repartir el riesgo entre toda la sociedad y más democrático al someter las inversiones a control parlamentario.

Una elección política, no una necesidad económica

La Unión de Ahorro e Inversión no es una respuesta técnica a un problema financiero, sino una decisión política que refleja la orientación ideológica de las élites europeas. Estas prefieren que sean los ahorros de muchos ciudadanos (ganados con el esfuerzo de toda una vida) los que, bajo la apariencia de financiar las grandes transformaciones, asuman el riesgo de pérdida, paguen comisiones millonarias a los intermediarios y vean erosionada su capacidad de ahorro.

Este proceso responde a una lógica de pauperización programada: empobrecer paulatinamente a una parte de la población para engrosar el ejército de reserva de trabajadores, con el fin de forzar a los europeos a aceptar empleos precarios y salarios de miseria en una economía cada vez más desregulada. Al mismo tiempo, la UE no muestra reparo en captar los ahorros de los futuros pensionistas, aquellos que durante décadas han guardado con enorme esfuerzo un dinero destinado a cubrir las necesidades de la vejez. Todo ello, en lugar de recurrir a la capacidad emisora del BCE o a la emisión de deuda pública común, que repartiría el riesgo entre toda la sociedad.

La elección no es técnica, sino profundamente ideológica: socializar los objetivos y los riesgos, privatizar los beneficios y la intermediación, mientras el Estado se desentiende de su responsabilidad con las generaciones que han construido el bienestar europeo.

Esta elección tiene consecuencias profundas:

• Privatiza los riesgos y socializa los objetivos.

• Transfiere riqueza al sector financiero a través de comisiones.

• Debilita el control democrático sobre el destino del ahorro.

• Exonera al Estado de su responsabilidad en la inversión estratégica.

Existe una alternativa: financiar el futuro de Europa con recursos públicos, sin jugar con los ahorros de las familias ni ponerlos en manos de los mercados. La SIU no es una necesidad, sino una opción. Y como toda opción política, debe ser debatida y cuestionada por la ciudadanía.

La SIU es un proyecto de unas élites europeas que convierte el ahorro de los trabajadores en combustible para la especulación financiera. La respuesta no es movilizar los ahorros, sino mover las palancas del poder público para construir una Europa más justa, sostenible y soberana.

Partido Feminista de España