El estado del bienestar español
Mientras los titulares de las portadas de prensa anuncian con grandes letras que “Economía eleva la previsión de crecimiento del 2,6% en 2025” , en una información triunfalista que ya hubiesen querido los gobernantes en los penosos años de la crisis, recibo la carta de una mujer de Cádiz contándome el patético devenir de su vida. Con 73 años, divorciada y viuda, y un hijo con una enfermedad crónica, vive de prestado en un alojamiento que consiguió con el divorcio, y que ahora ya muerto el marido, va a perder. Nadie la ayuda, el juzgado con su inveterada crueldad ejecutará la sentencia de desahucio. Ni el Ayuntamiento, ni los servicios sociales han atendido su petición y hasta los abogados de oficio que requirió se han desentendido de su defensa. Y recurre a mí como si el Partido Feminista tuviese poder alguno para modificar leyes y sentencias.
A la vez, en Toledo, los servicios sociales -ellos siempre tan serviciales- le han quitado a los padres la custodia de una bebé recién nacida porque la madre había tenido una infancia de maltrato en su casa. ¡¡¡No sé si temían que reprodujera, por lo aprendido, ese mismo maltrato en su hija, en una suposición que no tiene ninguna prueba con rigor científico, adelantándose a los acontecimientos como profetas bíblicos. O más bien es de suponer que conseguirán algún beneficio económico vendiendo la bebé a alguna pareja que la quiere, ahora que los niños están tan deseados en el siempre mercado de seres humanos.
No quiero salir de casa, porque en el barrio centro de Madrid, donde vivo, en cada portal y cajero de banco, vegeta más que vive uno u otro mendigo, emigrante, anciano, enfermo, discapacitado, envuelto en plásticos, papeles o algún que otro saco de dormir, pidiendo dinero o comida para seguir vegetando en la calle. Pregunté al que me parecía más vulnerable por ser negro, pensando en acudir a pedir protección a SOS RACISMO, y me explicó que el ya había pedido ayuda al Ayuntamiento y se la concedieron -no especificó cuánta ni de qué tipo- durante seis meses que es el plazo establecido en la ley, dijo. No sé a qué ley se refería. Los seis meses en aplicación de la libertad de mercado no se puede regular el precio de los alquileres ni la venta de pisos, que ya sabemos, según nos informó Adam Smith en el siglo XVIII, que el mercado se regula por sí solo, y no se equivoca nunca.
Claro que en aquella época no se sabía lo que era el Estado del bienestar. Y ahora tampoco.
Madrid, 3 de febrero 2025
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Lidia Falcón O’Neill es autora de numerosos artículos, que pueden consultarse en la siguiente dirección