El engaño de las medidas de ayuda

El engaño de las medidas de ayuda – Estoy seguro de que fuimos muchos los españoles y españolas que miramos esperanzados la formación de un Gobierno que suponíamos de izquierdas. No esperábamos cambios estructurales y ni siquiera cambios en profundidad, pero sí creíamos en que estaba próxima una mayor justicia social. Algunos logros como la devolución de la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin papeles, la subida del salario mínimo o la exhumación de Franco nos animaban a pensar que se combatiría la desigualdad y se tomarían medidas que aumentasen el bienestar social y el conocimiento de nuestro pasado. Pensábamos que, aunque nuestra vida continuase dirigida por normas capitalistas, la vida de los más desfavorecidos mejoraría económica y socialmente.

Pero no ha sido así. Desde que la coalición de gobierno ganó la votación de investidura hemos visto que las promesas electorales como la derogación de la Reforma Laboral, la Ley Mordaza, la limitación del precio de los alquileres o la presentación de nuevos presupuestos se iban incumpliendo o postergándose sine die.

Ahora hemos asistido al último abrazo a las normas capitalistas más insolidarias con los desfavorecidos: la publicación de las ayudas a PYMES, autónomos, empleadas del hogar e inquilinos.

En el caso de PYMEs y autónomos las ayudas consisten en microcréditos sin interés por cantidades que cubrirían una parte de los ingresos perdidos y de las cuotas de Seguridad Social, que dejarían de pagar los autónomos por un período de tres meses ampliable a seis. El procedimiento es el siguiente: el Estado entrega el dinero a una serie de bancos autorizados y éstos gestionan el microcrédito con las PYMEs y autónomos que lo soliciten. Pero los créditos, por muy micro que sean, hay que devolverlos y, al cabo de tres o seis meses, quien los ha pedido se encontrará con que ha adquirido una nueva deuda, que se añade a los gstos que ya tenía antes del confinamiento. Imagine el lector que da una limosna a uno de los muchos mendigos que pueblan nuestras ciudades y a continuación le dice: “Ten en cuenta que dentro de tres meses pasaré por aquí para que me devuelvas el dinero en cómodos plazos, así que adminístralo bien”. Pues eso es lo que el Gobierno y los bancos harán con autónomos y PYMEs.

La coalición gobernante también ha aprobado una “ayuda” a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler de su vivienda por haber cesado su actividad laboral. Esa ayuda consiste en una moratoria de seis meses, pasados los cuales el inquilino deberá volver a pagar su alquiler habitual y, además, los seis meses que ha dejado de pagar. Como sucede que muchos pequeños propietarios dependen del cobro del alquiler para poder llegar a fin de mes, el Gobierno también ha pensado en ellos, dándoles la posibilidad de pedir un microcrédito sin intereses por el importe de los meses no pagados por el inquilino, siempre que no sean propietarios de más de dos viviendas en alquiler. Con ello se repite la misma situación que con las PYMEs y autónomos: pasado el confinamiento inquilinos y propietarios se encontrarán con una nueva deuda que no tenían antes del confinamiento.

Pero esos microcréditos y moratoria no se le conceden a cualquiera, pues para poder solicitarlas hay que demostrar que se está con el agua no al cuello, sino en el labio inferior. Solo se concederán ayudas a quienes puedan demostrar una caída de ingresos del 75%. Medidas similares se han aprobado en otros países europeos, pero en ninguno se exige una caída de ingresos tan elevada; en Dinamarca solo se pide el 30%.

Las trabajadoras domésticas que hayan perdido total o parcialmente las horas del trabajo que  hacían en una o varias casas, también tendrán una ayuda consistente en la prestación del 70% de su base de cotización; pero esa ayuda solo la tendrán quienes coticen a la Seguridad Social, que son algo menos de 400.000. Las que no cotizan, que no se sabe cuántas son, aunque una estimación a la baja las cifra en 200.000, no recibirán nada.

Con estas medidas es seguro que muchas PYMEs y autónomos engrosarán las filas del paro, pues se habrán endeudado lo suficiente como para tener que cerrar, pero no lo bastante como para tener derecho a las “ayudas”. Y quienes accedan a ellas se encontrarán con una nueva deuda a la que hacer frente.  Es muy probable que la brecha social aumente, que los ricos sean menos numerosos y más ricos y los pobres más numerosos y más pobres. Es seguro que aumentará la economía sumergida, donde no se pagan impuestos ni se hacen contratos, y esa economía es dañina para todo el mundo, empezando por el Estado.

Pero hay una alternativa para evitar la desaparición de PYMEs, el aumento de parados y los desahucios por impago de alquileres e hipotecas, consistente en dar las ayudas a fondo perdido, y no por medio de microcréditos. Si la devolución de la falsa ayuda no pende, cual espada de Damocles, sobre la cabeza de los solicitantes, la posibilidad de recuperación es más viable y más rápida.

Dirá entonces el Gobierno que si no se recupera el dinero de las falsas ayudas, el Estado entrará en bancarrota. Eso sería cierto si no fuesen posibles nuevas vías de ingresos que hasta ahora nadie se ha atrevido a poner en marcha, como la reducción de gastos militares, la rebaja de la asignación anual a la Casa Real, la recuperación del Impuesto de Lujo, suprimido hace años, un impuesto específico a las rentas de más de 10 millones de euros, la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles a todas las propiedades de la Iglesia católica que no sean lugares de culto y la creación de un tipo impositivo de IVA superior al 21%, aplicable a artículos como coches de alta gama, joyería que emplee gemas de alto valor y viviendas de lujo, pues actualmente tienen el mismo IVA unos pantalones vaqueros y un anillo de diamantes.

Esas medidas, de ponerse en marcha, volverían a convertir a la coalición en un verdadero Gobierno de izquierdas. Pero esas medidas nos acercarían, aunque  muy levemente, a una economía socialista, y eso es algo que banqueros y grandes empresarios –los verdaderos detentadores del poder– no van a permitir.

Jorge Saura

Comisión Política e Ideológica del PFE