El currículum de la casta política democrática de España: Juan Guerra, Josep María Sala, Carlos Navarro

Cuando el escándalo de las comisiones y negocios de la triada de  José Luis Abascal, Koldo García y Santos Cerdán, ministro y secretarios de organización del PSOE, respectivamente, ocupa las portadas de los medios de comunicación escritos y las pantallas de las televisiones, todos los que intentan exculpar al partido de cualquier responsabilidad en el curso de estos hechos que se remontan a varios años atrás, relatan los episodios como si se tratara de una situación penosa y única en la vida del partido. Y se jactan de haber respondido con rapidez y eficacia para atajarlos. Rapidez y eficacia hasta que los tres protagonistas han dado con sus huesos en la cárcel.

Quienes no pertenezcan a las generaciones veteranas como la mía quizá puedan creer esa versión y sobre todo los que están interesados en darnos una versión edulcorada y embellecedora de la “Santa Transición”. Llegada esta a partir de la muerte de Franco, el relato repetido durante medio siglo nos presenta un acontecer histórico regido por el esfuerzo titánico de los políticos que se esforzaban por construir la democracia destruida por la dictadura, desde los gobiernos elegidos por los votos populares.  

Siguiendo los acontecimientos relatados por los medios de comunicación en el momento en que se produjeron, nos encontramos en los años noventa, es decir cuando sólo había transcurrido una decena dese el óbito del  dictador, con el escándalo de  Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, entonces vicepresidente del Gobierno español, y que se hizo muy conocido mediáticamente por el llamado «Caso Guerra» en los años 90, un escándalo de corrupción que implicaba tráfico de influencias y el uso de su cargo para obtener beneficios, aunque nunca fue condenado, y que finalmente contribuyó a la dimisión de su hermano. 

Vimos las entrevistas que se difundían donde Juan explicaba que había montado una especie de bufete en Sevilla donde se aconsejaba a los clientes, amigos y conocidos, que iban a tomar un “cafelito” con él, cómo conseguir una recomendación para enlazar el negocio que llevara el cliente con los medios que la Administración podía proporcionarle. Tales manejos le ganaron al “hermanísimo” el sobrenombre de “El Conseguidor”. Reconocimientos que solo podían obtenerse por la posición privilegiada que tenía su hermano Alfonso tanto en el PSOE como en el gobierno, del que llegó  a ser vicepresidente en el tándem que formaba con Felipe González. Tanto eran imprescindibles uno para el otro que éste último le contestó agriamente a un opositor que si se empeñaba tendría a dos por el coste de uno: es decir que acusando y persiguiendo a Alfonso Guerra le estaba persiguiendo a él también.

El desgaste al que se vio sometido Alfonso por el «caso Guerra» fue en aumento durante todo el año 1990 y hubo algún medio, como el diario “El Independiente”, que pediría su dimisión. Finalmente, con su imagen muy deteriorada, en enero de 1991 dimitió como vicepresidente del gobierno. Es decir desde 1982, cuando el PSOE logra mayoría absoluta en las elecciones, con 220 diputados de una Cámara de 350, hasta que el escándalo hunde el prestigio del Vicepresidente y estrecho colaborador del Presidente, sólo transcurren nueve años. Alfonso Guerra verá muy dañada su carrera política, aunque  seguirá de diputado durante mucho tiempo después, y él también, desde su puesto privilegiado en el partido es el ”conseguidor” de esta etapa. Sin embargo la suerte les acompaña a los hermanos Guerra que no se ven obligados a dormir en la prisión de Soto del Real, como la triada actual de Cerdán, Ábalos y García.

Alfonso Guerra hizo una campaña continuada afirmando que las habladurías y las denuncias eran una estrategia de la derecha que quería hundir el PSOE, y en estos argumentos muchos fueron los que defendieron al partido y a los hermanísimos Guerra.   

De esta etapa nunca se abrieron diligencias judiciales ni se supo públicamente en qué consistían las recomendaciones, consejos, relaciones y negocios que tramitaba Juan Guerra a los que iban a tomar un “cafelito” con él.

En 1997 Alfonso también dimitiría de su cargo como vicesecretario general del partido. Y a partir de aquí otras tareas y triunfos personales jalonaron su vida posterior. Porque Alfonso Guerra todavía era uno de los grandes dirigentes del PSOE, amparado por la sombra protectora de González, que unía su destino al de él.  

Desde 1997 Guerra asume la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias, desde la que se contribuirá a la consolidación de los Archivos del Movimiento Obrero y a través de la cual se llevarán a cabo exposiciones como «Exilio» (2002) o «El voto de las mujeres:1877-1978» (2003).

En 2005 obtuvo el premio de la Fundación Abril Martorell por su «decisiva contribución al gran pacto que supuso la Constitución de 1978 Preside, entre otras publicaciones, la revista Temas para el debate, una publicación de carácter mensual dedicada al análisis y la información de la actualidad.

En 2014, a los 74 años de edad y 37 como diputado en el Congreso, anunció su retirada de la política activa, despidiéndose de la Cámara baja el 18 de diciembre de dicho año. Formalizó la renuncia a su escaño el 14 de enero de 2015.

En 2017 fue sustituido en la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias por José Félix Tezanos y rechazó la presidencia de honor de la institución.

Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima (Perú), que le otorgó dicha distinción en 1988. La Universidad de Roma le concedió su Medalla de Oro en 1984. Es hijo predilecto de Andalucía desde el año 2011. En 2018 el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva le otorgó su Medalla de Oro en reconocimiento al papel que desempeñó en la aprobación de la Ley de Atribuciones de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos Industriales en el año 1986. Desde septiembre de 2020 es hijo predilecto de Sevilla.

Esta lista de honores demuestra que Alfonso Guerra fue más hábil y conocedor de los mecanismos de la política para no acabar como sus correligionarios Ábalos, García y Cerdán, escribiendo sus memorias en la cárcel.

Pero a la vez, en la misma década, se descubre el caso “Filesa” .

Alguien debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios. Pero ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue, en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.

El 29 mayo de 1991,  la portada de EL MUNDO publicaba «Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales», titulaba este diario en su portada, a cinco columnas. «Sociedades ligadas al PSOE cobran cientos de millones por ‘asesorar’ a empresas y bancos con informes inexistentes», se leía en otro título en páginas interiores.

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, no esperó ni un minuto. Aquella misma mañana, nada más leer la información de este diario, envió una fotocopia de la misma al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y le ordenó que iniciara una investigación.

La trama empresarial que pusieron en marcha varias personas del PSOE y de su entorno, para financiar al partido a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export -que recaudó unos 1.000 millones de pesetas sólo entre 1988 y 1990-, se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas.

Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó.

Pasaba el tiempo y el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial, en el que también participaba el diputado socialista Carlos Navarro -casado con una sobrina de Luis Oliveró-. Entonces pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía. EL MUNDO se tomó muy en serio la investigación.

La tramitación de este sumario la llevó a cabo el Tribunal Supremo, porque estaba implicado en el caso el senador socialista Josep María Sala. El magistrado Marino Barbero instruyó durante varios años un proceso judicial en el que adoptó algunas decisiones llamativas y también polémicas: registró la sede del Banco de España, la del BCH en Barcelona y la federal del PSOE, en busca de documentos; interrogó a los máximos directivos de los principales bancos y estuvo a punto de registrar la sede del Tribunal de Cuentas, aunque al final todo quedó en que volvió a pedir los informes sobre las cuentas del Partido Socialista. Varios acuerdos suyos fueron recurridos por el fiscal general del Estado. La posterior dimisión de Barbero dejó este caso en manos del magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo.

El día 22 de marzo de 1993, los peritos de Hacienda entregaron un informe al magistrado Barbero y a las partes que intervenían en este sumario, en el que confirmaban las informaciones publicadas por EL MUNDO. Indicaban en él que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario era el PSOE, y que los informes técnicos sobre las más diversas materias -por los que bancos y grandes empresas habían pagado unos 1.000 millones de pesetas- nunca fueron realizados.

Tras casi seis años de investigación, en septiembre de 1997 se celebró el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente del Gobierno Felipe González. También tuvieron que desfilar por el Tribunal Supremo los presidentes de importantes bancos españoles y grandes empresas.

Tras casi seis años de investigación, en septiembre de 1997 se celebró el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente del Gobierno Felipe González. También tuvieron que desfilar por el Tribunal Supremo los presidentes de importantes bancos españoles y grandes empresas. El 28 de octubre, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia en la que condenaba a 11 años de cárcel al ex diputado socialista Carlos Navarro; tres al senador Josep Maria Sala; 10 años para Luis Oliveró y Alberto Flores -dueños de Filesa-; dos años y cuatro meses para Aída Alvarez -ex coordinadora de Finanzas del PSOE- y para su compañero, Miguel Molledo, y seis meses de arresto para los empresarios Juan Antonio Molina Vivas (Enasa) y Eugenio Marín (Cepsa).

El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a los militantes y votantes de su partido.

En junio de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos. Únicamente rebajó de tres a dos años la pena del ex senador Sala y confirmó las demás condenas.

El Constitucional demostró que, en contra de las críticas del PSOE, la información que había publicado El Mundo sobre ese caso de corrupción política era veraz.

INFORMES INEXISTENTES PAGADOS COMO EL ORO

Aunque Filesa y Time Export tenían sólo a seis personas en plantilla, decían que podían asesorar a los principales bancos y a grandes empresas sobre los asuntos más complejos. Dijeron que habían elaborado informes, siempre a precio de oro, sobre las más diversas materias: al Banco Central le cobraron 83 millones de pesetas por un estudio «sobre los procesos de la fusión bancaria»; a la petrolera Cepsa, 85,6 millones de pesetas por otro sobre «la evolución petroquímica en la Comunidad Económica Europea»; al Banco Bilbao Vizcaya, 42 millones por la primera parte de un informe para «la instalación de un sistema de leasing para contenedores»; a Fomento de Obras y Construcciones, por «el asesoramiento relativo al establecimiento de una empresa constructora en Francia», le facturaron 29 millones. Según las facturas que publicó EL MUNDO, esas dos pequeñas empresas de Barcelona asesoraban a los principales bancos sobre asuntos bancarios y a las grandes constructoras sobre temas de construcción. Pero ninguno de esos informes, a pesar de su elevado precio, fue entregado al Tribunal Supremo porque habían desaparecido. Unos dijeron que los había encargado un directivo del banco ya fallecido, y no guardaron copia; otros, que se habían perdido. El Tribunal Supremo no se lo creyó y sentenció que todo había sido una trama para financiar de manera ilegal al PSOE.

Los directivos de Filesa fueron menos astutos e inteligentes que Alfonso Guerra. Todavía queda por ver cuán astutos e inteligentes son José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Y si son los únicos que forman parte de este sumario.

Lidia Falcón – Presidenta Partido Feminista de España