Comunicado – La Comisión Política del Partido Feminista, ante la cifra desorbitada de feminicidios que se han producido en España en 2023,

DENUNCIA:

La incompetencia, inoperancia e indiferencia, cuando no la hostilidad machista, de las instituciones del Estado responsables de la protección de las mujeres. Los datos hablan por sí solos sin necesidad de más comentarios.

A día de hoy 48 mujeres han sido asesinadas en diferentes puntos de España por su marido, pareja sentimental o ex pareja. Entre principios de enero y finales de junio de este año, 13 mujeres más fueron asesinadas por hombres que no eran sus parejas o exparejas. Así lo confesó este lunes la Delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. Los datos forman parte de una estadística que solo se comenzó a recopilar desde inicios de 2022, lo que supone que desde 2005 en que comenzó a aplicarse la Ley Integral de Violencia de Género hasta 2022, durante 17 años, no tenemos información oficial alguna sobre el número total de feminicidios machistas que se han cometido en nuestro país.

De las cifras oficiales de los “auténticos” asesinatos de género -aquellas que estaban relacionadas sentimentalmente con sus asesinos- observamos que el 30% de las víctimas habían presentado denuncias anteriormente, e incluso casi la mitad habían obtenido una orden de alejamiento.

Según la señora Victoria Rosell, que ostenta el ilustre cargo de Delegada del Gobierno para la Violencia de género, sin qué sepamos cual es la utilidad de su cargo, de los datos recopilados desde inicios de 2022 se han conseguido algunas conclusiones clave, tan importantes como que en el 100% de este tipo de feminicidios, la víctima conocía a su agresor. Incluso en casos de violencia sexual. Otra de las conclusiones que ha resaltado Rosell es que la violencia en el ámbito de la familia es la más extendida.

Y para saber eso hemos tenido que esperar 20 años de vigencia de la ley más famosa de Europa, mantener una Delegación del Gobierno y realizar, año tras año, las estadísticas oficiales. Nunca unas conclusiones tan elementales y conocidas popularmente nos han costado tan caras.

La última información dice que se han añadido tres nuevas víctimas al recuento anterior: se trata de una mujer asesinada en Alacant el pasado 5 de septiembre y cuyo caso estaba en investigación. También subió a las estadísticas el asesinato de una mujer en Castelló de 51 años y otra en Murcia, que tenía una niña menor de edad. De las tres, sólo la última había denunciado a su asesino, pero lo había hecho en tres ocasiones y él tenía una orden de alejamiento. Con ellas se alcanza, a mediados septiembre, de 2023, la cifra de 48 víctimas de las catalogadas como género. Una cifra que no se alcanzaba a mediados de un mes de septiembre desde el año 2010, cuando el número de asesinadas a finales de este mes alcanzó las 48 víctimas, con lo que la suma total alcanza las 61.

Ninguna de las instituciones del Estado responsables de la protección de las ciudadanas: fuerzas de seguridad, fiscalía, judicatura, magistratura, fueron investigadas por negligencia o prevaricación al no haber dispuesto medidas algunas para garantizar la supervivencia de la amenazada.

En la mañana del 20 de septiembre de este año, la Fiscal especial para la Violencia de Género ha sido entrevistada por Radio Nacional, y en un supremo ejercicio de hipocresía y cinismo ha justificado el aumento de casos de feminicidios culpando a los médicos que atendieron a las víctimas, a los familiares y amigos de estas, y a las propias víctimas de no haber denunciado anteriormente la violencia machista que sufrían. Aceptando que en el caso de la mujer de Castelló había habido alguna negligencia, la Fiscal lo da como una excepción y no se refiere más a ningún otro. Incluso cuando se queja de que el 70% de las asesinadas no había denunciado. Y no dice nada sobre ese 30% de mujeres que acudieron a pedir ayuda a la justicia.

Para apoyar sus argumentos, la Fiscal explicó que se habían producido condenas en el 70% de los procesos, y tampoco explicó por qué se había absuelto al 30%. La información que no difunden ni la Fiscal ni el Ministerio de Igualdad ni el Instituto de la Mujer ni la Delegada de Violencia, es la de que 7 de cada 10 agresores condenados no cumplieron la pena. En 2022 se dictaron por los tribunales 7.113 penas de prisión. 4.992 fueron suspendidas y 120 sustituidas. No tenemos la información de las causas que se alegaron para que los culpables no fueran encarcelados.

Y han aumentado un 116% los casos de agresiones sexuales, fenómeno que no merece por parte de la Fiscalía, la magistratura, el ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer, el Observatorio de Violencia –y ¡cuántas instituciones pagamos para que las protejan!- ningún estudio ni análisis de las causas ni adopción de medidas para evitarlo.

En definitiva, la incompetencia y la negligencia, cuando no la mala fe, que muestran las policías y los juzgados para perseguir a los maltratadores y proteger a las mujeres debería ser objeto de causa penal contra ellos, pero como ya hemos denunciado y publicado muchas veces, la insigne Ley de Violencia de Género no contempla ninguna medida de repulsa ni de sanción contra estos implicados, ni siquiera en caso de asesinato de la víctima después de haber dictado órdenes de alejamiento y o de protección de la misma.

El paripé vergonzoso que protagonizan tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la Delegada de Violencia, Victoria Rosell, la una convocando “gabinetes de crisis” y la otra ofreciendo ruedas de prensa en las que confiesa que “ha habido una grieta en el sistema” cuando la mujer que ha denunciado, incluso numerosas veces, acaba en un ataúd, debería provocar la indignación ciudadana, si en España hubiera una ciudadanía con conciencia de clase feminista.

En conclusión,

El Partido Feminista de España, como Sísifo en la eterna tarea de levantar una enorme roca montaña arriba, que cae inevitablemente antes de llegar a la cima, vuelve a

EXIGIR :

Que se modifique la tan celebrada Ley de Violencia de Género, y se aprueben las medidas de protección de las mujeres y los menores y de persecución de los agresores, que hemos propuesto innumerables veces a las instituciones y a los partidos políticos, entre las que se cuentan fundamentalmente invertir la carga de la prueba, vigilar eficazmente el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y dictar prisión para aquellos denunciados cuya conducta muestre su peligrosidad. En caso contrario transcurrirán interminables años en los que se repetirán o incluso aumentarán las cifras de esta masacre femenina, que tanto las instituciones la sociedad española acepta como irremediables.

Madrid, 19 de septiembre 2023.

LIDIA FALCÓN O’NEILL, Presidenta del Partido Feminista de España.