Comunicado del PFE contra la inclusión de la prostitución en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)
La Comisión Política del Partido Feminista de España en defensa de una ley abolicionista de la prostitución,
Denuncia que:
La reciente modificación del Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) para incluir expresamente la “prestación o concertación de servicios sexuales” como actividad económica reconocida constituye un grave retroceso en la lucha contra la explotación sexual y la violencia hacia las mujeres y niñas y una contradicción inaceptable con el compromiso público del Gobierno español de avanzar hacia una ley abolicionista.
Al incluir los «servicios sexuales» en la CNAE) el Estado deja de lado cualquier pretensión abolicionista y, cobra impuestos a la explotación sexual la institucionaliza y legitima económicamente, beneficiándose económicamente de una de las formas más antiguas, estructurales y brutales de violencia contra las mujeres.
Con este acto España no solo tolera la prostitución, se convierte en proxeneta institucional, cobrando su parte de la vulneración de derechos. Ahora tenemos una monarquía parlamentaria que mira hacia otro lado: se erige en cómplice fiscal de la violencia machista más arraigada, cobra impuestos a la explotación y violencia más antigua del mundo, un estado proxeneta que se lucra con las prostituidas, el Estado se apropia de una parte del beneficio de la opresión bajo el eufemismo de la “recaudación tributaria”.
Este cambio, justificado bajo la obligación de armonización con el derecho de la Unión Europea, no puede servir de excusa para normalizar lo que debe ser erradicado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que actividades económicas ilícitas pueden estar sujetas al IVA, pero eso no equivale a legalizarlas ni a promoverlas. La fiscalidad no debe convertirse en herramienta de legitimación de la explotación.
Con este acto, España se convierte en un Estado proxeneta. No hay diferencia moral entre quien explota y quien se beneficia del sistema que la sostiene. Un Estado que cobra impuestos a la prostitución se convierte en proxeneta institucional.
Y mientras tanto, quienes viven en primera persona esta explotación -mujeres, migrantes, personas en situación de pobreza extrema- siguen siendo criminalizadas, invisibilizadas o maltratadas por un sistema que dice protegerlas, pero que en la práctica las somete, las explota y luego les cobra por ser víctimas.
Las evidencias internacionales muestran que la despenalización o legalización de la prostitución no protege a las mujeres explotadas, sino que incrementa la demanda, el turismo sexual y la trata con fines de explotación. La “regulación” de la prostitución, ignora e invisibiliza que la mayoría de las mujeres prostituidas no ejercen una elección libre, sino que están atrapadas en la precariedad de la clase trabajadora (pobreza, violencia, migración forzada, trata…). Legalizar la prostitución mercantiliza a las mujeres.
Países como Suecia, Noruega o Islandia han demostrado que el modelo abolicionista es el más eficaz para reducir la prostitución, proteger a las mujeres e infancia y educar a nuestra juventud en la igualdad real entre mujeres y hombres.
El Ministerio de Igualdad ha publicado una nota de prensa en la que intenta eludir su responsabilidad respecto a la inclusión de un nuevo epígrafe dentro de la CNAE -concretamente en la letra T, grupo 96, subgrupo 96.9, clase 96.99- aduciendo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha limitado a traducir de manera literal la guía interpretativa original publicada por Eurostat.
Sin embargo, en la publicación del Diario Oficial de la Unión Europea no se hace ningún desglose del epígrafe 96.99, donde simplemente figura: “Otros servicios personales n.c.o.p.” una especie de cajón de sastre para aquellas actividades que no encuentran cabida dentro del grupo 96, “Servicios personales”.
Hecha la ley, hecha la trampa.
Y aquí llega la mentira de la ministra de “Igual da”: si realmente se ha limitado a traducir la guía interpretativa de Eurostat, ¿por qué ha incluido expresamente la actividad “prestación o concertación de servicios sexuales”, cuando en la versión original se menciona de forma más explícita “prestación o organización de servicios sexuales, organización de eventos de prostitución o gestión de establecimientos de prostitución”?
Opinamos que a la Agencia Tributaria no le ha parecido suficiente limitarse a una mera traducción, como afirma el Ministerio, sino que ha preferido seleccionar lo que consideraba “aceptable” o “moral” desde su criterio. O, peor aún, que ha optado por normalizar y legalizar una forma de violencia sexual, movida por buenas relaciones con el lobby prostituyente, que cada día acumula más negocios y poder en nuestro país.
Exigimos al Gobierno de España:
Retirar inmediatamente el epígrafe CNAE que clasifica como actividad económica la “prestación de servicios sexuales”, y garantizar que ninguna medida administrativa o fiscal contribuya a la normalización de la explotación sexual.
Elaboración de una ley abolicionista de la prostitución.
Invertir en políticas reales de salida para las personas prostituidas: vivienda, formación, empleo digno, atención psicosocial y protección frente a la violencia.
Promover una campaña de sensibilización sobre los vínculos entre prostitución, trata y violencia machista, rompiendo el mito de la “libre elección”.
Que el Gobierno de España deje de engañar a la ciudadanía con fines electoralistas. Sus discursos en defensa de la abolición de la prostitución contrastan con sus acciones legislativas, que claramente favorecen su legalización. Basta de doble discurso.
La lucha contra la prostitución no es una cuestión de moral, sino de justicia. No podemos permitir que el Estado se convierta en cómplice económico de una industria que se alimenta de la vulnerabilidad de las mujeres.
No hay igualdad y progreso donde hay explotación.
España no puede proclamarse feminista mientras su Hacienda se financie con el sufrimiento de mujeres vulnerables y se niegue a aprobar una ley abolicionista del sistema prostituyente.
La Comisión Política del Partido Feminista de España
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Lidia Falcón O’Neill es autora de numerosos artículos, que pueden consultarse en la siguiente dirección