Comunicado del PFE: Basta de abandono capitalista de nuestros montes

La Comisión Política del Partido Feminista de España denuncia con la mayor contundencia la devastación sistemática que están sufriendo los montes y las zonas rurales de nuestro país. Lo que los medios de comunicación burgueses se empeñan en presentar como «desastres naturales» o «fenómenos meteorológicos extremos» no es sino el resultado directo y previsible de décadas de abandono, desinversión, privatización encubierta y una planificación territorial al servicio del capital especulativo.

Los datos de este verano de 2026 son un reflejo de la criminal negligencia del Estado: más de 150.000 hectáreas arrasadas desde enero, 32 grandes incendios forestales (frente a una media de 9 en la última década) y más de 200.000 personas evacuadas o confinadas en múltiples provincias. Estas cifras no son una fatalidad; son la consecuencia de una política de clase que sacrifica el territorio y a la ciudadanía que lo habitan.

La seguridad pública subordinada a los intereses imperialistas

Es inaceptable que el Estado español reconozca por escrito una «merma» en su capacidad de extinción debido a la inmovilización de los 8 helicópteros Kamov Ka32, los más eficaces de la flota (capaces de descargar 4.500 litros de agua, frente a los 1.300 de los medios convencionales). Que estos aparatos estén en tierra desde 2024 por las sanciones de la Unión Europea al fabricante ruso, que impiden el suministro de repuestos y el mantenimiento técnico, demuestra hasta qué punto el Gobierno subordina la vida de la clase trabajadora y la integridad del territorio a los juegos geopolíticos de la OTAN. Resulta aún más escandaloso que, mientras el país arde, esta sumisión a los bloques imperialistas bloquee de facto cualquier posibilidad de cooperación técnica internacional o la adquisición de medios de extinción verdaderamente efectivos (como los hidroaviones anfibios de gran capacidad) que podrían salvar vidas. Para este Gobierno, cumplir con las directrices sancionadoras de la UE vale más que proteger el patrimonio natural y la seguridad del pueblo trabajador.

La desigualdad de clase en la gestión del desastre

El análisis de los hechos destapa la hipocresía del sistema. En 2025, ardieron más de 380.000 hectáreas en la «España vaciada» (Galicia, León, Zamora) sin que se declarara la emergencia de interés nacional. En 2026, un incendio de 45.000 hectáreas en la Sierra Oeste (Madrid/Ávila) activa de inmediato el Nivel 3. ¿La diferencia? No es el fuego, es el mapa de la propiedad. El fuego de 2026 amenaza urbanizaciones de lujo, chalés y segundas residencias de la corona metropolitana. Mientras tanto, el 80% de las viviendas en zonas de riesgo carecen de un plan de autoprotección y las franjas de seguridad entre el monte y las casas brillan por su ausencia. El Estado solo invierte en prevención cuando el capital inmobiliario está en juego; el resto del territorio es considerado prescindible.

La prevención integral del monte: ganadería extensiva y ecosistema

Los discursos oficiales se llenan la boca hablando de la importancia de la ganadería extensiva —rebaños de cabras, ovejas— como herramienta clave de prevención, ya que el pastoreo limpia el sotobosque y reduce la carga de combustible vegetal. Sin embargo, los políticos no están por la labor de apoyar realmente a este sector. La ganadería extensiva sigue precarizada, sin ayudas suficientes y sometida a normativas asfixiantes, mientras se prioriza el agronegocio intensivo que destruye los ecosistemas. Tampoco se puede olvidar que en el monte no solo hay vegetación: hay fauna. Los incendios arrasan con especies animales enteras, muchas de ellas protegidas, cuya recuperación será difícil o imposible. El monte es un ecosistema integral, y su destrucción no es solo la pérdida de árboles, sino la muerte de un tejido vivo del que dependemos todas.

La contaminación por humo y el impacto en la salud de la clase trabajadora

Los incendios no solo destruyen el monte: generan una nube tóxica de humo y partículas en suspensión que recorren cientos de kilómetros, afectando gravemente a la salud de la población. Niños, personas mayores, embarazadas y enfermos crónicos son los más vulnerables a esta contaminación invisible que satura las ciudades a decenas de kilómetros del fuego. El calor intenso y el humo contribuyen además al calentamiento global, creando un círculo vicioso de destrucción. La salud pública no puede seguir siendo la gran olvidada en la gestión de los incendios, y los cuerpos más vulnerables —especialmente los de las mujeres, que asumen la carga de los cuidados— pagan el precio más alto de esta negligencia.

El imperialismo, la guerra y la destrucción ecológica del capital

La crisis ambiental no se resolverá dentro del capitalismo, un sistema que ha puesto en riesgo la existencia de la especie humana en la Tierra. Es evidente el agotamiento y el desastre que el modo de producción capitalista causa a la vida humana y al planeta. Los cambios climáticos, acentuados y acelerados en las últimas décadas, son el resultado directo de su lógica desenfrenada de acumulación, que prioriza el beneficio sobre la sostenibilidad de la vida y genera emisiones masivas de gases de efecto invernadero a través del extractivismo, el agronegocio y el consumismo impuesto.

A esta destrucción se suma la criminal huella de carbono de la industria armamentista y las guerras imperialistas. Si el sector militar global fuera un país, sería el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Según un estudio del Observatorio sobre Conflictos y Medio Ambiente (CEOBS), los ejércitos del mundo producen alrededor de 2.750 millones de toneladas de CO₂ al año, responsables de aproximadamente el 6% de las emisiones mundiales en 2023. Solo los militares de Estados Unidos concentran el 4% de las emisiones globales.

Las guerras imperialistas agravan exponencialmente esta catástrofe. El conflicto de Ucrania ha emitido a la atmósfera miles de millones de toneladas de CO₂ en apenas unos años. Mientras, la OTAN alcanzó en 2023 unas emisiones militares de 233 millones de toneladas métricas de CO₂. Si los 32 miembros de la Alianza cumplieran con el compromiso del 2% del PIB en gasto militar para 2028, tendrían que invertir más de un billón de dólares adicionales, con lo que su huella de carbono aumentaría proporcionalmente.

Lejos de reducir este impacto, el complejo militarindustrial se blinda en la opacidad: la mayoría de los ejércitos declaran menos del 10% de su huella de carbono real, excluyéndose deliberadamente de los acuerdos climáticos internacionales. En España, el sector militar contaminó en 2023 tanto como tres millones de automóviles, mientras la industria armamentística sigue blindada de cualquier obligación de transparencia ambiental.

La opresión basada en el sexo y la explotación de la mujer rural

Desde un análisis feminista marxista materialista, recordamos que son las mujeres trabajadoras rurales quienes sostienen la vida en estos territorios. Como ha denunciado históricamente el feminismo de clase, la opresión de la mujer tiene una base material: son ellas quienes asumen la carga desproporcionada del cuidado durante las evacuaciones, quienes velan por las personas mayores y la infancia, y quienes ven destruidos los frágiles ecosistemas de economía local que mantienen con su trabajo. La falta de inversión en servicios públicos rurales (sanidad, transporte y cuidados) es un ataque directo a la vida de las mujeres. La «limpieza de montes» no puede seguir siendo una tarea precarizada, estacional y reservada a los hombres; debe ser un servicio público esencial, planificado y ejecutado con un análisis socialista, que garantice empleo digno y estable a las mujeres y hombres del medio rural, rompiendo con la división sexista del trabajo.

Por todo ello, el PFE exige:

1. Reversión inmediata y total de la gestión forestal a manos 100% públicas. Basta de externalizaciones y contratas privadas que abaratan costes a costa de la eficacia y los derechos laborales. La prevención (limpieza, creación de franjas de seguridad y gestión de biomasa) debe recibir la mayor parte del presupuesto, no la mera extinción reactiva.

2. Creación de un Cuerpo Público de Prevención y Mantenimiento Forestal, con contratación fija, salarios dignos y condiciones laborales seguras. Este cuerpo debe combatir activamente los estereotipos machistas que reservan el trabajo forestal a los hombres, priorizando la contratación de mujeres rurales y garantizando la corresponsabilidad en los cuidados para que puedan acceder a estos empleos en igualdad de condiciones.

3. Independencia de la seguridad nacional frente a las sanciones imperialistas. Exigimos al Gobierno que garantice por todas las vías necesarias los medios técnicos y humanos para la defensa del territorio, sin supeditarse a directrices de la UE que ponen en riesgo vidas humanas.

4. Responsabilidad penal y económica para las promotoras inmobiliarias que han urbanizado la interfaz urbanoforestal sin cumplir las normativas de autoprotección, y financiación pública integral para que las comunidades de vecinos trabajadoras no asuman los costes de la negligencia especulativa.

5. Desinversión total en la industria militar y fiscalización punitiva del complejo militarindustrial. Exigimos el cese inmediato de toda inversión pública en la industria armamentística y la implementación de un régimen fiscal punitivo que internalice los costes externos que este sector externaliza sobre el conjunto de la clase trabajadora y los ecosistemas. Las empresas del sector militar que en España incluyen a multinacionales como Indra, Santa Bárbara Sistemas, Expal o Escribano Mechanical & Engineering deben ser obligadas, mediante impuestos y tasas disuasorias, a sufragar íntegramente los costes de la destrucción ecológica y social que generan: contaminación de suelos y acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, degradación de los montes por los campos de maniobras militares, y los daños a la salud de las trabajadoras y comunidades expuestas a sus actividades. Esta fiscalización debe hacer económicamente insostenible la producción de armamento para el capital privado, forzando su reconversión hacia una industria civil, pública y orientada a la satisfacción de necesidades humanas y a la protección del territorio.

6. Apoyo real a la ganadería extensiva como herramienta de prevención. Exigimos un plan estatal de fomento de la ganadería extensiva (rebaños de cabras, ovejas) como método de limpieza y prevención de incendios, con ayudas públicas suficientes, precios justos para los productos y condiciones laborales dignas, especialmente para las mujeres ganaderas, rompiendo con los estereotipos machistas que invisibilizan su trabajo en el medio rural.

7. Protección de la salud pública frente a la contaminación por humo. Exigimos la implementación de protocolos de alerta sanitaria por calidad del aire durante los incendios, con especial protección para las poblaciones vulnerables (niños, personas mayores, embarazadas, enfermos crónicos), y la instalación de redes de monitoreo de partículas en suspensión en todas las zonas afectadas, garantizando el acceso a mascarillas y atención sanitaria gratuita para las trabajadoras y trabajadores expuestos.

El monte no es un solar para la especulación ni un peón en el tablero de la geopolítica capitalista. Es el patrimonio común de la clase trabajadora. Solo una reorganización socialista y feminista del territorio, que ponga la vida de la ciudadanía en el centro, podrá detener esta devastación.

¡Por la defensa de lo público!

¡Por la vida y la soberanía de nuestros territorios!

Comisión Política del Partido Feminista de España