COMUNICADO DEL PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA SOBRE EL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE FRANCO

La Comisión Política del Partido Feminista de España

DECLARA:

Que las crónicas, homenajes, artículos y comentarios que se están publicando en los medios de comunicación alabando, sin crítica alguna, las medidas que se adoptaron por parte del gobierno de Adolfo Suárez como más tarde por el de Felipe González, para organizar la llamada Transición, corresponden a la estrategia del engaño ideológico con que el sistema capitalista patriarcal que nos rige pretende disfrazar y embellecer ese periodo de tiempo que ha constituido el cimiento de la construcción económica, social y política que está en vigor actualmente.

Ocultando que una buena parte de la sociedad española exigía la ruptura con el régimen franquista y no la continuidad como se implantó, se está falseando la historia de ese periodo trascendental de nuestra experiencia a partir de 1975.

Es inaceptable que tanto políticos como escritores que se autodenominan de izquierda, o al menos progresistas, oculten los movimientos de masas que exigían el cese de los políticos que se mantuvieron en el Parlamento y en el Senado, sin haber sido juzgados por su participación y complicidad con la dictadura, el cierre de los periódicos y radios fascistas, el cese de periodistas y publicistas que desde todas las tribunas hacían propaganda de las medidas que los jerifaltes del franquismo implantaban para falsificar nuestra historia y mantener el mismo sistema de explotación capitalista y de represión política. Sin exigir responsabilidades a los autores de la violencia criminal que azotó nuestro país durante cuatro decenios, sin enjuiciar al sistema policial y judicial que causaron miles de víctimas en las organizaciones sindicales, políticas y civiles y por supuesto sin aprobar las indemnizaciones que se merecían. España es el único país europeo que después de la II Guerra Mundial no cambió el régimen político, mantuvo la dictadura y reentronizó la monarquía.

Las víctimas supervivientes del franquismo tuvimos que presentar en Argentina las demandas judiciales en reclamación de la justicia que nos debían, porque ningún juzgado español las admitió. Ni siquiera cuando se basaban en el descubrimiento de restos mortales en alguna cuneta. Y ninguna de esas causas argentina ha ni concluido ni avanzado porque las rogatorias de los jueces argentinos pidiendo las declaraciones de los acusados no han sido cumplidas ni por el sistema judicial ni por el Estado español.

Seis mil fosas comunes permanecen en nuestras carreteras, cementerios, caminos y pueblos, sin que se hayan investigado ni abierto para recuperar los restos de los asesinados por los criminales falangistas, militares y policías en y después de la Guerra Civil, y procedido a la entrega a sus familiares para otorgarles un entierro digno.

En los primeros años de la Transición se produjeron en España trece mil huelgas en reclamación de que se cumplieran tales demandas como estaba sucediendo en toda Europa desde la guerra mundial. Huelgas, manifestaciones, mítines, marchas, escritos, demandas, se multiplicaron durante los primeros cinco años después de la muerte de Franco, exigiendo un Tribunal que estableciera la verdad, la justicia y la reparación que tanto Alemania, como Francia, Portugal, Italia habían creado. Ni siquiera el ejemplo del Tribunal de Nuremberg y los horribles crímenes que allí se desvelaron y se probaron, sirvió para que se exigiera a los dirigentes franquistas como Fraga Iribarne, la responsabilidad que tenían en las estrechas relaciones que sostuvieron con el régimen hitleriano. La sociedad civil española se organizó y luchó continuamente para exigir las investigaciones necesarias y reclamar las responsabilidades de los dirigentes de la dictadura en las ejecuciones y encarcelamientos de los españoles presos en Auchwitz, en Mathausen, en Ravensbrook, donde fueron conducidos por la policía y las tropas nazis cuando el gobierno español les negó la nacionalidad y los entregó a los ocupantes alemanes. Conseguir algunas magras indemnizaciones en esos y otros casos consumió años de reclamaciones de las asociaciones democráticas.

Las víctimas de los crímenes del bufete de Abogados de Atocha vivieron el infierno del juicio y han tenido que soportar que varios de los asesinos fueran puestos en libertad con permisos temporales y desaparecieran en una huida facilitada por el sistema judicial democrático.

Las manifestaciones y mítines que se organizaron pidiendo modificaciones a la Constitución que habían pactado los partidos socialistas y comunista con los franquistas no fueron nunca tenidas en cuenta. Cómo tampoco las críticas a su contenido expuestas por los luchadores antifranquistas y el movimiento feminista.

Más de seiscientos asesinatos se produjeron durante los años de esa bendecida Transición, una mitad por la banda terrorista ETA y otro tanto por falangistas, carlistas, policías y funcionarios de prisiones, que seguían siendo los herederos de la policía político-social franquista.

Estos terribles episodios que no se han juzgado ni condenado nunca en nuestro país y que conocemos, aparte de la propia experiencia por las investigaciones de historiadores hispanistas extranjeros, se ocultan en nuestras escuelas, institutos y universidades para que la sociedad española se forme en el engaño, la falsificación de nuestra historia y la estúpida creencia de que “no se pudo hacer más” en la Transición. Y así el sistema político, económico y moral se mantenga para que continúe el expolio del pueblo español en favor de los oligarcas que poseen el país.

En cuanto a los avances legales y sociales que afectaban a las mujeres, y en los que el Movimiento Feminista invirtió su lucha de decenas de años, las cifras de la realidad actual explican mejor que cualquier discurso los pocos avances que hemos logrado en medio siglo de organizarnos planteando a los que detentan el poder las demandas fundamentales de la mitad femenina de la población del país para alcanzar la igualdad de derechos y libertades con los hombres.

Las reformas legislativas que se aprobaron respecto a la igualdad de derechos civiles de las mujeres no se lograron ni por la lucha feminista ni en la Transición. La reforma del Código Civil de 1975 que eliminó el permiso marital para todos los actos que pudiera realizar la mujer casada fue impulsada por la Sección Femenina de Falange para presentarla en la I Convención de Derechos de la Mujer celebrada en México. Y esa reforma no ha impedido que la renta española esté dividida en el 80% para los hombres y el 20% para las mujeres. Las pensiones de jubilación, de las mujeres son el 30% más bajas que las de los hombres, así como las diferencias salariales para el mismo puesto de trabajo, como la imposibilidad de obtener cargos de responsabilidad y decisión en la misma medida que los hombres.

La derrota más evidente del feminismo desde la Transición es el nivel de violencia machista que sufren hoy todavía las mujeres, a pesar del medio siglo transcurrido y de la legislación aprobada para protegerlas que no es más que una ficción que en realidad beneficia a los maltratadores. Un estudio de la Universidad de Barcelona concluye que una mujer no tiene más que el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel.

Con unas cifras de setenta mujeres asesinadas anualmente, de que se presente una denuncia por violación cada ocho horas, lo que no significa que sean las únicas que se realizan, y desde 2013 hay 62 menores asesinados por sus padres o parejas de sus madres en lo que ahora llaman violencia vicaria, nadie puede enorgullecerse del éxito de la implantación de la democracia después de la Transición.

CONDENAMOS:

La infame campaña que se está realizando a través de todos los medios de comunicación para falsificar la historia de la Transición, a fin de ocultar el infame papel de los políticos que la llevaron a cabo y embellecer la conducta de los partidos que la diseñaron y la impusieron.

EXIGIMOS:

Una revisión de la historia de ese periodo de tiempo, que se lleve a cabo por historiadores veraces y que se implante como asignatura en los programas educativos de todos los grados escolares. Así como se difunda en los medios de comunicación públicos.

Madrid, 17 noviembre 2025.